El Juzgado Contencioso deberá decidir que institución, si el Ayuntamiento de Galende o la Junta de Castilla y León, debe pagar la deuda de 900.000 euros acumulada durante casi 15 años por el servicio de mantenimiento de las depuradoras del Parque Natural del Lago de Sanabria, un cometido que a partir del año pasado comenzó a desempeñar la Administración regional.

La empresa contratada, Isolux Corsan, reclama esta cantidad por vía judicial para que se obligue a las dos administraciones a cumplir con el acuerdo alcanzado a tres bandas, Ayuntamiento de Galende, Diputación Provincial de Zamora y Consejería de Medio Ambiente, por el que se comprometían a asumir conjuntamente los costes de la contratación externa del mantenimiento, indica su representante legal.

Se trata de un acuerdo de financiación externa, aunque la competencia, por Ley, le correspondía a la institución local, explicaron fuentes próximas a la sociedad. Un acuerdo que posiblemente se alcanzara para aliviar la carga económica que supondría para los vecinos de Galende asumir el pago íntegro, derivado de la prestación de un servicio que Isolux Corsan comenzó a prestar en el año 2000 y que mantuvo hasta el año pasado.

La única entidad que cumplió con el acuerdo fue la Diputación Provincial, que desembolsó las cantidades que le correspondían para sufragar la contratación externa del mantenimiento de las polémicas depuradoras.

El Ayuntamiento efectuó parcialmente los pagos que le correspondían, mientras que la Junta de Castilla y León, que debería haberlo hecho a través de la Consejería de Medio Ambiente, ha incumplido, de acuerdo con la demanda impulsada por Isolux Corsan, sobre la que ahora debe decidir el magistrado del Juzgado Contencioso, agregaron ayer fuentes próximas al procedimiento judicial.

Al parecer, la Administración regional alegaría la competencia municipal en la materia para negar su responsabilidad en la financiación del servicio de mantenimiento. En la actualidad es la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente la que lleva a cabo las tareas de mantenimiento de las depuradoras del Parque.

El juez celebró ayer una comparecencia de todas las partes en litigio, prácticamente finiquitado, a expensas de que se dé parte al Gobierno autonómico para que presente las alegaciones que estime oportunas en defensa de su postura, a partir de las expuestas por el Ayuntamiento de Galende.

El trámite judicial se ha desarrollado por escrito, tal y como permite la legislación para este tipo de asuntos, por lo que no se celebrará ninguna vista oral y el magistrado dictará sentencia en base a la documentación que han aportado cada una de las administraciones implicadas y de sus argumentaciones en defensa de sus intereses.

Tras la comparecencia de ayer, y una vez aportadas las pruebas oportunas, el asunto solo está pendiente de que el magistrado dicte una sentencia, en la que deberá establecer a quién le corresponde abonar los 900.000 euros que dejó de ingresar la sociedad contratada y ahora exige por esta vía, tras perder la contratación a lo largo del año pasado.

El acuerdo de financiación del mantenimiento de las depuradoras que en su día alcanzaron Ayuntamiento, Diputación y Junta establecía que la entidad provincial sufragaría la tercera parte del coste total, extremo del convenio que cumplió. Precisamente, el funcionamiento deficiente de estas infraestructuras ha sido denunciado reiteradamente por los municipios del Parque Natural y ha motivado la aprobación de inversiones destacadas por parte de la Junta de Castilla y León, así como el anuncio de la construcción de otras nuevas, como la de Castro de Sanabria.