Los facultativos de Zamora han prescrito tratamiento con hormona del crecimiento a 42 pacientes en el último lustro, pero la Junta tan solo ha financiado en 23 ocasiones el fármaco. Es decir, el 55% de las peticiones han sido denegadas, por lo que las familias han tenido que optar o por quedarse sin tratamiento o abonar ellas mismas su coste, estimado en unos 30.000 euros, que es lo que ha sucedido en el caso Sara Gato.

Los datos los ofrecía ayer el procurador regional socialista José Ignacio Martín Benito, autor de una proposición no de ley en las Cortes Regionales en la que insta a la Junta a que financie estos tratamientos. La proposición, dijo, "debe estar en un cajón", porque aún no ha llegado a la comisión correspondiente para su debate y, en su caso, aprobación, aunque la negativa del PP obligaría a llevar el asunto a Pleno y ahí necesita mayoría para salir adelante.

Martín Benito explicó que los tribunales están dando la razón en el 95% de los casos a los padres que han presentado demandas contra la Junta por la denegación de la financiación para la hormona del crecimiento. Claro que, no todo el mundo pleitea, "y de eso se vale la Junta de Castilla y León para seguir denegando la financiación". Así, de las 22 demandas presentadas, dos están pendientes de sentencia. Del resto, 20, solo una ha dado la razón a la Junta mientras el resto, 19 ha atendido las pretensiones de los padres, siempre según los datos facilitados por Martín Benito.

Además, el Procurador del Común de Castilla y León formuló una resolución recomendando a la Junta que diera las instrucciones pertinentes para asegurar a los pacientes su derecho a recibir la hormona del crecimiento".

Martín Benito explicó que no confía en que el "consejero que perjudicó a las enfermeras con la oposición" llegue a cumplir esa resolución.