A menos de un mes de las elecciones generales, la fractura de Ciudadanos se hace más honda después de que la dirección regional de la formación naranja haya instado al coordinador provincial del partido, José Antonio Requejo, a que retire la denuncia contra la Diputación Provincial por la adjudicación de las obras de rehabilitación del Teatro Ramos Carrión. Mientras Ciudadanos de Castilla y León solo tiene las miras puestas en los comicios generales y en que ningún trapo sucio empañe los resultados electorales, en Zamora Requejo sigue adelante con su denuncia y se ratifica en ella. Aunque ninguna de las partes quiere hacer declaraciones y mantiene un silencio prudente con la esperanza de que el nubarrón despeje, el propio Requejo se limita a esbozar que "cuando termine todo ya daré las explicaciones oportunas". Eso sí, asegura que la denuncia sigue adelante por estar rubricada por él mismo a título particular. Sin embargo, fuentes de Ciudadanos de Castilla y León reconocen que, si fuera así, el problema no sacudiría a la formación y aseguran que la acción judicial lleva el nombre de Ciudadanos Zamora.

Mientras que Ciudadanos se tira los trastos a la cabeza en uno y otro sentido poniendo en evidencia cierta desunión de la agrupación, el diputado David Carrión también ha rehusado a hacer declaraciones. Eso sí, ha dejado muy claro en todo momento que no comparte la denuncia de la Ejecutiva Provincial -o de Requejo, en su caso- porque, bajo su punto de vista, "no hay nada ilegal", con independencia "de la moralidad o inmoralidad de la actuación".

En mitad de las fricciones políticas internas de Ciudadanos se escabulle el tema de fondo: la propia denuncia. La acción judicial presentada ante la Guardia Civil exponía la presunta ilegalidad "de que los ingenieros encargados de la redacción de la mayoría de los proyectos de obras subvencionadas con fondos públicos sean los hijos y familiares de los ingenieros de la propia Diputación de Zamora", apunta la denuncia. El escrito reproduce que "estos han redactado en los últimos cinco años proyectos de obra cuyos presupuestos rondan los 7,5 millones de euros". Según reza la denuncia, "los funcionarios son los encargados de determinar si la cuantía de las obras subvencionables es la adecuada, si la obra cumple con los requisitos por los cuales se concedió la subvención e incluso si la obra se ha ejecutado o no. Por esta razón, consideramos que existe conflicto de intereses por parte de los ingenieros-funcionarios, al ser sus hijos los redactores de los proyectos".