El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y los representantes de las organizaciones sindicales CSI-F, CC OO y UGT rubricaron ayer el acuerdo mediante el cual los empleados públicos cobrarán el 50% de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 antes de que concluya este año, lo que supondrá que ya habrán recibido el 75% del total de la paga, mientras que el 25 restante la administración se lo abonará en la primavera de 2016.

Así lo señaló De Santiago-Juárez durante la firma del acuerdo, donde aseguró que supondrá un coste para las arcas autonómicas de 100 millones de euros, que se asumirán con cantidades del Fondo de Facilidad Financiera y de algunas partidas sin ejecutar y, en ningún caso, se hará efectivo a través de la solicitud de ningún crédito extraordinario porque eso, dijo, "sí perjudicaría al cumplimiento del déficit".

No obstante, la negociación ha dejado algunos efectos colaterales, como la confrontación entre los sindicatos CSI-F, CC OO y UGT por un lado y Satse, el colectivo de Enfermería, por otro.

Así, desde UGT, la secretaria autonómica de la Federación de Servicios Públicos, Carmen Amez, destacó que no sólo se recuperan con este acuerdo la paga extra, sino también los días de libre disposición relativos al año 2015, que se disfrutarán en 2016 y 2017 y se arranca el compromiso de negociación de la carrera profesional o el estatuto del empleado público. "Es un buen acuerdo", subrayó Amez, quien aseguró que con el acuerdo la Junta demuestra que considera a los empleados públicos "de primera guardia y no de segunda".

Mientras, el representante de CC OO en la mesa de negociación, Carlos López, sostuvo que el acuerdo produce un punto de inflexión desde el año 2010. Es un acuerdo con el de "dejamos de intentar parar los recortes y empezar a recuperar parte de ellos, además de abrir expectativas para mejorar".

Por su parte, el presidente autonómico de CSI-F, Carlos Hernando, destacó el acto "de responsabilidad", tanto de las organizaciones sindicales como de la Junta, en la firma de este acuerdo con el que, a su juicio, demuestra que es posible iniciar "la recuperación de los derechos perdidos".

El sindicato de enfermería Satse se desmarcó del acuerdo porque, a su juicio, da un "cheque en blanco" a la Consejería de Sanidad para mantener los "recortes" a este colectivo. Además, alertó de que el Gobierno autonómico puede romper el pacto por circunstancias económicas, según recoge un comunicado.

"No supone más que un respaldo al interés del Gobierno autonómico de mantener la paz social, aunque sea a costa de los intereses de sus empleados públicos", denunció Satse que insistió en que la devolución de sus derechos puede llegar a ser sólo una "declaración de intenciones" ya que explicó que el plazo fijado para algunas medidas es el año 2018.

Además, según Satse, "medir por el mismo rasero a unos y a otros es una injusticia para la enfermería cometida por el Gobierno autonómico y que el resto de sindicatos ha aceptado al suscribir ese acuerdo". En este punto, el sindicato recuerda que los enfermeros y enfermeras "trabajan más días que otros funcionarios".