La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) "será inviable sin medios para jueces y fiscales", una reivindicación que centrará hoy la resolución de la Asociación de Fiscales, que reúne en Zamora a casi 300 de todo el país, quienes exigirán esta tarde al ministro de Justicia, Rafael Catalá, dotaciones suficientes "para poder llevar a cabo" la reforma aprobada por el Gobierno del PP, avanzó ayer Emilio Frías. La "ampliación de plantilla y la mejora de las herramientas informáticas, que todavía mantienen incomunicados a jueces y fiscales", para coordinarse durante la instrucción de los casos que se investigan es esencial para que la normativa pueda ser efectiva, ya que esta carencia se extiende a todos los juzgados dependientes del Ministerio. En esa situación están los de Castilla y León y, por ende, de Zamora, especificó el fiscal Emilio Frías, portavoz del encuentro, que se clausura esta tarde con la presencia de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

La moratoria de la Ley, que volverán a colocar entre sus prioridades, se explica porque la LECrim "dificulta la investigación judicial", ya que "el fiscal investigador no controlará los plazos" que recoge la normativa para concluir la instrucción.

El ministro tendrá también que escuchar las quejas de los fiscales respecto de la "sobrecarga de funciones impropias de lo que es la defensa de la legalidad, como la intervención en los expedientes del Registro Civil, que no forma parte de nuestras competencias, o la jurisdicción voluntaria". Esta asociación es una de las seis de jueces y fiscales que han solicitado la suspensión de la Ley, que sustituye a la aprobada en el siglo XIX, para evitar que entre en vigor el 5 de diciembre con la reducción del plazo de investigación a seis y 18 meses como máximo.