La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, considera que el debate sobre la reducción del número de procuradores regionales puede formar parte de la modificación del estatuto de autonomía, anunciada por el presidente Juan Vicente Herrera para esta legislatura, junto con otras materias como pueden ser la incompatibilidad entre el desempeño de un cargo público y uno político o el techo social, la cuantía mínima en prestaciones sociales que deba aplicar gobierne quien gobierne. Clemente dejó claro, eso sí, que deben ser los grupos políticos los que tomen la iniciativa y que la reforma debe extenderse a aquellos asuntos que tengan un respaldo unánime o muy amplio del espectro parlamentario.

Clemente pronunciaba estas palabras en el transcurso de la visita girada ayer al Consejo Consultivo donde su presidente, Mario Amilivia, se ofreció a redactar el dictamen sobre la futura reforma estatutaria, como ya hizo con la anterior, gesto que agradeció la presidenta de las Cortes, entre otras cosas "para no entrar en situaciones de controversia como ocurrió con el estatuto de autonomía catalán que tuvo serios problemas de inconstitucionalidad y que provoque situaciones tan controvertidas como la que estamos viviendo en Cataluña. Si se respeta la legalidad, no tiene por qué suceder".

La visita de la presidencia de las Cortes, de quien orgánicamente depende el Consejo Consultivo, supuso un importante respaldo para la entidad regional con sede en Zamora "en estos momentos de puesta en cuestión de instituciones como la nuestra", reconoció el propio Amilivia. Silvia Clemente defendió el trabajo que se hace en el Consultivo y no cree que el ejemplo de Madrid, donde el acuerdo de PP y Ciudadanos ha acabado con esa institución en la Comunidad que preside Cristina Cifuentes, se pueda trasladar a Castilla y León, donde la posición del partido de Rivera es mucho menos beligerante, el resto de los grupos no se ha pronunciado a favor de suprimir nada y el PP es el grupo mayoritario con el 50% de los diputados. "Ciudadanos también tendrá que escuchar y conocer el funcionamiento de la institución", explicó.

Clemente defendió la existencia del Consultivo tanto desde el punto de vista técnico, ya que "es garantía del cumplimiento de la legalidad del ordenamiento jurídico y de respeto de la democracia", como incluso desde el punto de vista económico, ya que el rigor con el que actúa evita a las administraciones el pago de sanciones e intereses.

La presidenta de las Cortes acudió a Zamora acompañada por la secretaria general conjunta de las instituciones propias (Consultivo, Procurador del Común, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social), María Jesús Pascual y fue recibida por Amilivia y sus consejeros, Ignacio Sobrini y Francisco Ramos. Tuvo ocasión de conocer el edificio, la exposición de los restos encontrados en el solar y de mantener una reunión institucional.

Clemente destacó que "hay muchos asuntos que preocupan a los ciudadanos, como los temas de responsabilidad patrimonial, "donde se condena a las administraciones y se exige que paguen por los perjuicios por un mal funcionamiento de los servicios públicos. Y ahí el Consultivo tiene un papel fundamental, una voz determinante".