Los "subasteros" que hacían de la extorsión su negocio en las sedes judiciales tienen los días contados. A partir del 15 de octubre, cualquier ciudadano podrá participar desde su casa, a través de Internet, con el anonimato asegurado, en las subastas públicas convocadas por los juzgados, alrededor de 300 al año en la provincia de Zamora.

Las oficinas de estos órganos dejarán de celebrar físicamente estos actos, que se desarrollarán de forma telemática hasta que la Agencia Tributaria recoja todas las ofertas que se presenten en plazo.

Una vez elaborada la relación de pujas, las remitirá al Juzgado correspondiente, que aprobará la más ventajosa y comunicará la adjudicación del bien al postor que la haya realizado. El juez mantiene el control sobre todo el procedimiento hasta que tiene lugar la subasta pública, que se deriva a la Agencia Tributaria para desarrollarla antes de devolverla el trámite al juez.

Los beneficios no eran baladí para quienes hasta ahora se aseguraban la adjudicación de los bienes que los jueces sacaban a pública subasta para ejecutar el cobro de las deudas pendientes sus dueños. Para ello, utilizaban el método de la presión sobre otros ofertantes a fin de que se retirasen de la subasta, una presión que ejercían advirtiendo de que, si mantenían su oferta en el acto físico de la subasta, ellos elevarían la suya hasta quedarse con el bien hipotecado. La disuasión estaba garantizada y los denominados "subasteros" tenían el camino libre para hacerse con los artículos en ejecución al mejor precio posible para después sacar su propio provecho económico.

El Ministerio de Justicia pondrá en marcha una página web de subastas para impedir ese tipo de acciones, a la que se podrá acceder desde el mismo portal de Internet del Boletín Oficial del Estado. El postor deberá registrarse en la página para realizar sus pujas. De modo que, desaparece el acto físico que pasará desde el 15 de octubre al escenario virtual y dejará de llevarse a cabo en la oficina correspondiente del juzgado que ejecutara la orden de embargo. El secretario del órgano judicial y un funcionario eran quienes estaban presentes cuando se hacía efectiva la subasta, como fedatarios del cumplimiento de la legalidad en la adjudicación de los lotes de bienes que se subastan.