La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local o "Ley Montoro" sigue protagonizando muchos quebraderos de cabeza en los pequeños ayuntamientos de la provincia. La última cuestión ha sido la obligación de que el puesto de tesorero sea ocupado por un habilitado nacional, lo que deja fuera de juego a los concejales que solían desarrollar este tipo de trabajos en los municipios más pequeños de la provincia. Lo peor se concentra en los ayuntamientos con menos de 5.000 vecinos, prácticamente la totalidad de los que hay en Zamora. De hecho, solo la capital, Benavente y Toro son capaces de superar esta cifra. Estos ayuntamientos, que en la mayoría de los casos no tenían un tesorero como tal, tendrán que contratarlo a partir de ahora o se verán obligados a buscar fórmulas alternativas para cumplir con la legislación.

Los ayuntamientos afectados miran a la Diputación, y la Diputación a Hacienda. La institución provincial, como ya comunicó la presidenta Martín Pozo, ha evacuado consulta al ministerio para que aclare el modo de proceder. Sin embargo, la norma deja claro que será la propia Diputación la que tendrá que asumir las funciones de tesorería de los pueblos que no tengan un habilitado nacional para estas cuestiones. La situación podría llegar a que la Diputación tenga que poner medios para que los entes locales de la provincia cumplan con la normativa actual.

Sin embargo, no todo está escrito. La obligatoriedad de contratar a un habilitado nacional tendrá que desarrollarse en próximas fechas. Lo que está claro es que, hasta finales del próximo año, es la propia Diputación la encargada de asumir estas competencias.

La enmienda, introducida en las Cortes Generales por el Grupo Popular, busca una mayor "transparencia" en las administraciones públicas y, en este sentido, considera que un funcionario con habilitación nacional será más independiente del gobierno local de turno que un concejal. Mientras Hacienda responde a la Diputación los ayuntamientos siguen funcionando con el tesorero que nombraron tras constituirse a mediados de junio. En la mayoría de los casos, se trata de concejales que destinan parte de su tiempo a las cuentas y que lo hacen, en muchas ocasiones, sin cobrar por ello.