"No se trata de una imputación por corrupción ni por provecho propio o enriquecimiento personal, sino que deriva de la decisión de un órgano colegiado" -el Consejo de Administración- que, "avalada por técnicos de Caja España y tomada por unanimidad", decide refinanciar la deuda de varios empresarios en 2009 "siempre buscando el bien de la entidad y porque así lo aconsejan los informes del director general de Riesgos y el Comité de Dirección de Deuda". Con estas palabras define Fernando Martínez Maíllo la labor del Consejo de Administración de Caja España, del que formaba parte en el año 2009 y cuyos miembros han sido imputados por un presunto delito de administración desleal al aprobar los créditos que desde la entidad se concedían a su entonces presidente, Santos Llamas. El presidente de la Diputación apunta además que "no he recibido ningún tipo de aviso oficial".

Maíllo desvincula la situación de su función pública y subraya que "desde el PP tenemos claro que frente a la corrupción, tolerancia cero, pero hay que diferenciar las cosas". Así, la decisión del Juzgado de León de imputar a los 15 integrantes del Consejo de Administración, al que Maíllo pertenecía, se produce "por pertenecer a un órgano colegiado, no tiene nada que ver con la gestión política". Por tanto, entiende que "no implicará" que tenga que renunciar a presentarse como candidato a la Alcaldía de Casaseca de las Chanas.

Maíllo apunta que "no entro en el reproche penal" a esa decisión "porque somos respetuosos con la justicia, pero el político evidentemente no existe porque es por pertenecer al Consejo". Además, recuerda que "la imputación no es condena" y resalta que "en la asamblea general estaba representada IU a través de Francisco Guarido y no le vi que nunca levantar la mano para decir nada en contra de esa refinanciación". Del mismo modo, indica que la presidenta del Comisión de Control, "que tiene que velar por la legalidad" de los acuerdos, "era la alcaldesa, Rosa Valdeón"; y "Miguel Ángel Mateos, el representante de Adeiza, estaba en la asamblea general también y tampoco se opuso".

Maíllo insiste en que "hay que diferenciar entre decisión de un órgano colegiado, avalada por informes técnicos, la mejor para sacar adelante a Caja España, según nos dijeron, y la que se pueda tomar en beneficio propio, que no es el caso". El máximo responsable de la Diputación, que afirma que "no tengo más crédito que el de mi casa", reitera a preguntas sobre la repercusión política de esta causa judicial que "yo no me he beneficiado personalmente, sino participado en la toma de una decisión conforme a criterios de los técnicos" y aclara que "para que exista un delito tiene que haber intencionalidad de dañar o beneficiarse. Nosotros creíamos que refinanciar esas deudas era lo mejor para la caja porque así nos lo indicaron los técnicos, había informes positivos, y, de hecho, la entidad es de las pocas que se ha salvado".

Respecto del beneficio que obtuvo Santos Llamas por conseguir la refinanciación de parte de la deuda de 80 millones de euros, apostilla que "yo a ese señor le conocí en 2006", cuando pasó a formar parte de Administración, y que "no he tenido relación con él ni anterior ni posterior". Sin embargo, Maíllo admite que "no es agradable" la situación que se ha generado mientras insiste en preguntar "qué provecho personal, qué interés íbamos a tener" los consejeros de la caja "que no fuera el de la propia entidad".

El presidente del PP zamorano indica además que "la Consejería de Economía y el propio Banco de España no pusieron pegas ni observaciones" a los créditos concedidos a Llamas y cree que la política llevada entonces a cabo "era la mejor solución en un momento en que el ladrillo y la economía iban empeorando" significativamente.