El índice de morosidad de los alquileres se ha situado en 2014 en los 164,2 puntos, 56 por encima de la cifra registrada en el ejercicio 2007, cuando apenas ascendía a 104 puntos. La situación es consecuencia de la crisis económica y de las dificultades que atraviesan muchas familias zamoranas, incapaces de hacer frente a una hipoteca y, en algunas ocasiones, tampoco a un alquiler. La morosidad media en lo referente a los alquileres asciende a 1.179 euros, una cantidad que, dependiendo de la zona, puede suponer entre dos y tres meses de renta.

En términos regionales cabe destacar que Castilla y León es la quinta comunidad con la morosidad más baja, con un índice de 214. Regiones como Madrid y Andalucía triplican la cifra de Castilla y León. Eso sí, Zamora y Salamanca registraron el año pasado los mayores crecimientos del país, ya que las subidas de 23,4 y 23,2 puntos solo estuvieron por detrás de Vizcaya (28,6). Y eso que el precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León sufrió en 2014 una bajada del 0,2%, hasta dejar el coste del metro cuadrado en 5,2 euros mensuales, según el último informe de precios del portal inmobiliario Idealista.com.

El alquiler se ha convertido en una salida para los jóvenes o las personas sin un empleo estable, ante la imposibilidad de acceder a una hipoteca suscrita con una entidad bancaria, que con las crisis han endurecido las condiciones del préstamo. El número de hipotecas sobre viviendas cayó en Castilla y León el pasado año un siete por ciento en comparación con 2013, al cerrar 8.978 operaciones. Esta caída contrastó con el incremento del 1,6% que tuvo lugar en el conjunto del país.

El FIM (Fichero de Inquilinos Morosos) es el principal registro de la morosidad en el país y se ha convertido en un indicador clave para determinar la evolución de los impagos en las relaciones contractuales de arrendamiento en las comunidades autónomas, tanto de personas físicas como jurídicas. El fichero se nutre de la información aportada por los usuarios arrendadores, los profesionales y la recopilación de otros datos públicos como estadísticas del INE y sentencias judiciales por desahucio.