Cerca de 10.000 hogares en la provincia viven en situación de pobreza energética y unos 5.000 son incapaces de mantener su hogar en unas condiciones óptimas durante los meses de invierno. Los datos son de la Asociación de Ciencias Ambientales y están recogidos en su informe del año 2013, con cifras que se mantienen "prácticamente idénticas" a las que se cosechan en la actualidad.

Los autores del estudio ponen de manifiesto que las situaciones de pobreza energética no solo afectan a las decisiones de gasto del hogar, sino también a la calidad de vida y a la salud de las personas. La Asociación de Ciencias Ambientales se remite a la Organización Mundial de la Salud, que "realizó una extensa revisión de estudios llevados a cabo en Europa desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado" para concluir que "el 30% de la mortalidad adicional de invierno se debe a unas insuficientes condiciones de climatización en viviendas".

En total, más del 7% de los hogares zamoranos no podrían permitirse encender la calefacción, lo que se traduce en una temperatura inferior a la recomendada en alguna parte de la casa o, en el peor de los casos, en todas. Los datos confirman la tendencia que ya apuntaron los sindicatos, que dieron cifras parecidas hace unos meses.

A estos hay que sumar aquellos que se encuentran en situación de "pobreza energética", es decir, las familias que pueden mantener su vivienda en una temperatura confortable pero que destinan para ello un elevado porcentaje de sus ingresos anuales. Según los datos, si una familia destina más del 10% de sus ingresos netos anuales a gastos energéticos, se encuentra en situación de "pobreza energética".

Este indicador también ha aumentado de forma significativa en los últimos años. A los parados, que no tienen -en muchos casos- recursos suficientes para energía, hay que sumar aquellas familias con ingresos muy reducidos -subsidios o prestaciones de cualquier tipo-. Además, el coste de la energía ha subido de forma considerable en los últimos tiempos.

El estudio "Pobreza Energética de España. Análisis de tendencias", recoge finalmente una serie de recomendaciones en las que la asociación propone la definición de "una estrategia nacional para prevenir y mitigar la pobreza energética que integre a las distintas administraciones competentes de la Administración General del Estado e introduzca orientaciones para una acción coordinada entre la administración central, autonómica y local en materia de prevención y mitigación de pobreza energética".

Para desarrollar esa estrategia "se propone, entre otros, la redefinición del actual bono social, la involucración de todos los actores implicados, incluidos el consumidor y las compañías energéticas, y la puesta en marcha de un plan de rehabilitación energética que contemple la pobreza energética en su diseño y en las vías o mecanismos de financiación".