El Ayuntamiento de Zamora tendrá que pagar de forma inmediata los 3.565.000 euros a UFC de la sentencia del edificio municipal, al rechazar el Tribunal Superior de Justicia la suspensión de la ejecución que había solicitado el Ayuntamiento. Es la interpretación que hace Izquierda Unida, cuyo concejal, Francisco Guarido, dio a conocer ayer el contenido de esta sentencia, del pasado diciembre, mientras que el Ayuntamiento de Zamora asegura que aún quedan recursos pendientes antes de tener que abonar esta cantidad que, por otra parte, ya tiene consignada, es decir, reservada, para cuando toque ingresarla, por lo que el pago ya está previsto.

El asunto se ha metido en un embrollo judicial de importancia. Por un lado el Ayuntamiento está condenado a pagar a UFC los 3,5 millones de euros más una cantidad aún por determinar en concepto de gastos financieros ocasionados a la empresa por los préstamos solicitados para levantar el nuevo edificio municipal en un solar situado en la calle Ramón Álvarez. El Ayuntamiento recurrió al sentencia al Tribunal Constitucional, a quien pidió también una paralización de la ejecución de la misma, petición que reiteró al Tribunal Superior de Justicia. Este último órgano dice que no puede paralizar la ejecución, que en todo caso sería el Constitucional, por lo que en principio la ejecución seguiría adelante, es decir, el Ayuntamiento tendría que pagar. Sin embargo, al estar UFC en concurso de acreedores el Ayuntamiento ha pedido al juzgado poder ingresar el pago en una cuenta bancaria con las medidas cautelares suficientes como para que, en caso de ganar el recurso ante el Constitucional, UFC devolviera el dinero. Es decir, que el ingreso municipal se haga en una cuenta del mismo juzgado o de la administración concursal. Pero, asegura el equipo de Gobierno, aún no se han determinado estas medidas cautelares (por parte del Juzgado Contencioso de Zamora) que permitan al Consistorio recuperar su dinero en caso de que al final gane el proceso y tampoco se ha determinado la cantidad exacta que debe abonar el Ayuntamiento, por lo que, siempre según su versión, mal se podrá ingresar de inmediato el dinero de la indemnización.

Guarido entiende que la asesoría jurídica del Ayuntamiento recurra lo posible antes de pagar. Pero teme que lo único que pretenda "el PP es poder sobrepasar la fecha de las elecciones municipales de mayo sin que alguien pueda exhibir la transferencia bancaria inevitable en un futuro inmediato. Es inminente esa transferencia bancaria por valor de 3.565.000 euros y posteriormente lo será la de los gastos financieros que todavía están por determinar. Sumando la cantidad escandalosa gastada en abogados en este pleito la cantidad será de unos cinco millones por nada". Estos gastos financieros podrían ascender a más de un millón de euros y los tendrá que determinar el Contencioso de Zamora.

Guarido indica que "el PP, Antonio Vázquez, Rosa Valdeón y Martínez Maíllo no han pedido disculpas a los zamoranos por esta estafa".