El Juzgado de Violencia de Género número 4 de Madrid investiga si más de una persona pudo participar en el asesinato de las dominicanas Adolfina Puello y de su hija Argelys, de 9 años, y cuyos cadáveres aparecieron en un pozo en la localidad zamorana de San Vicente de la Cabeza. Desde finales de noviembre permanece detenido como presunto autor Raúl Álvarez nacido en Madrid pero descendiente del municipio alistano. Fue él quien tras el interrogatorio policial indicó el lugar en el que se encontraban los cuerpos, aunque hasta el momento, y según su defensa, no ha admitido que les diera muerte.
Tras una rueda de reconocimiento con personas del entorno donde residían las víctimas a fin de situar al presunto asesino en el piso, el jueves el Juzgado de Violencia de Género practicó una prueba testifical con el entorno de Adolfina Puello. La próxima semana está previsto que hagan lo mismo con otras dos personas, un hombre y una mujer que, de forma independiente, se atribuyen haber tenido durante el último año una relación sentimental con el detenido.
De las declaraciones prestadas durante las últimas horas se desprende que una de las líneas de investigación que mantiene abierta la instructora de las diligencias es si Raúl Álvarez pudo dar muerte, trasladar y enterrar en un pozo a las dos víctimas solo o, si necesariamente, tuvo que contar con la ayuda de una o más personas. De hecho, su abogado ha insistido en que hicieron falta cuatro agentes para retirar la noria o rueda (de unos 400 kilos) que tapaba el pozo donde encontraron a las finadas, que habían desaparecido el 29 de junio del pasado año en Madrid, presumiblemente el mismo día de su muerte.
Pruebas periciales
La defensa de Álvarez insiste en que éste en ningún momento ha confesado ser el autor de las muertes, sino que se ha limitado a indicar el lugar en el que se habían escondido los cadáveres, que aún hoy permanecen en Zamora a la espera de que se practiquen las pruebas periciales. Sin estos análisis, algunos de los cuales se podrían pedir durante la instrucción, los cuerpos no podrán ser repatriados a República Dominicana, donde espera la familia de las fallecidas para darles sepultura.
La primer testigo en declarar el jueves, durante casi una hora, fue la abuela de la niña asesinada, Leonarda Sánchez. A la salida del Juzgado subrayó que el abogado del único acusado le preguntó que si ella tenía buenas relaciones con su nuera y que se sabía de una denuncia de una factura telefónica por cual Adolfina la había denunciado. A ello contestó que desconocía a qué se estaba refiriendo. Otro de los interrogantes que se le planteó fue si tenía constancia de qué cantidad de dinero pensaba mandar la fallecida a la República Dominicana y que si sabía la procedencia de ese dinero, ya que había posibilidades de ser de lavado de activo (blanqueo de dinero obtenido de forma ilegal o irregular). En este punto Leonarda Sánchez admitió que "sí se rumoreaba que tenía un dinero, pero no lo afirmo porque nunca lo llegué a ver".
Enamorados agradecidos
A continuación la segunda testigo reprochó al abogado de la defensa que insinuara que Adolfina traficaba con drogas. Por ello "la defendí a ojos cerrados" debido, dijo, a que ella era su propia jefa de trabajo y veía de dónde salía ese dinero, "el cual no tenía nada que ver con lavado de activo, ya que ella facturaba bien y tenías amigos o enamorados que le compensaban de forma grata su compañía".
