El Ayuntamiento de Zamora está pagando desde este mes 90.000 euros al año por el alquiler del Banco de España, un edificio público sin uso propiedad de un organismo llamado Segipsa, una sociedad que se encarga de gestionar inmuebles estatales. La Junta tenía las oficinas del Ecyl en un local alquilado en Las Viñas, calle Antón de Centenera, que le costaba 70.000 euros al año, cantidad que se ha podido ahorrar desde agosto pasado, cuando el Estado traspasó a la Junta un local de 85 metros cuadrados situado en el edificio de Cultura. En los ocho años de alquiler la Administración autonómica abonó más de medio millón de euros.

Son dos ejemplos de una situación que se produce por razones históricas, pero que da como resultado la paradoja de que haya inmuebles públicos sin ningún tipo de uso mientras otras administraciones no disponen de sitio donde desarrollar su actividad.

El Estado tiene en la provincia nada menos que 211 inmuebles: 119 edificios, 21 solares y 71 terrenos rústicos, según la información que aparece en el portal de transparencia abierto por el Gobierno que tiene un fallo fundamental: no pone en qué localidad se ubica cada uno de estos inmuebles. Algunos de los edificios tienen una utilidad evidente por parte de organismos que dependen de la Administración central, caso de los cuarteles de la Policía o la Guardia Civil, los paradores de Turismo, los juzgados o las sedes de los organismos ministeriales, como Hacienda o la propia Subdelegación del Gobierno (aunque partes del inmueble son de otros organismos, como el Ministerio de Fomento, el del Interior o el Instituto de Estadística, por ejemplo).

Hay otros que están en uso, pero por parte de otras administraciones o entidades, sobre todo la Junta de Castilla y León, aunque la propiedad sigue en manos del Estado. El caso más paradigmático es el edificio administrativo de Prado Tuerto, en la capital (conocido popularmente como "los ministerios"), ocupado íntegramente por servicios de la Junta de Castilla y León, pero que sigue siendo propiedad estatal, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (tiene 7.594 metros cuadrados).

La mayor parte de los edificios de la Junta son de su propiedad porque en su día se le transfirieron del Estado, junto con las competencias correspondientes o bien lo adquirió. Sin embargo, hay servicios que presta la Junta en edificios que siguen siendo estatales: Biblioteca, Archivo o Museo, por ejemplo. Los edificios en poder de sindicatos y patronales procedentes del patrimonio sindical acumulado, como el de la plaza de Alemania o la sede de UGT en Lope de Vega, aparecen como propiedad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Hay otras curiosidades como el instituto de Villalpando, del Ministerio de Educación, con 4.409 metros cuadrados.

Junto a éstos figuran inmuebles sin ningún tipo de uso, como el de la antigua cárcel, entre otros repartidos por toda la provincia.

Entre los terrenos rústicos hay fincas realmente importantes, la mayor sin duda la de Monte la Reina, con 11,9 millones de metros cuadrados, propiedad del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. También grande es la finca de Las Chanas, propiedad de este mismo departamento, pero que en la relación colgada en el portal de transparencia figura con un metro cuadrado. Una buena gestión del los inmuebles públicos podría obtener un mayor rendimiento de ese inmenso patrimonio.