La Diputación "siempre ha querido abonar la extra" y resolver la situación. "No existe un enfrentamiento entre el equipo de Gobierno y los trabajadores", afirma taxativo el vicepresidente José María Barrios. "Abonaremos la parte que reclaman cuando exista una base legal y si el Gobierno dice que hay que entregarla íntegra, ahí tenemos el dinero", explica.

Hace escasas fechas, la junta de personal ponía en cuestión la demora que esta situación llevaba aparejada y el gasto que, tanto para la Administración provincial como para los funcionarios que han iniciado el proceso judicial. podría general. "Cuando los trabajadores han formulado reclamaciones, hemos contestado rápidamente. En el juzgado, hemos actuado con urgencia. No entiendo a qué demora se refieren", se explica Barrios. "Por parte de la Diputación, no se nos puede achacar ningún retraso. Otra cosa es que en otras provincias, los funcionarios han iniciado antes el proceso", añade.

El asunto surgió ya en el último pleno del año pasado, cuando el diputado Francisco Molina interpeló al equipo de Fernando Martínez Maíllo por esta cuestión. "Estamos deseando abonar la extra", apuntó entonces, aunque "necesitamos una base legal". El argumento fue el mismo que la institución esgrime ahora, a falta de una sentencia para zanjar una situación que arranca a finales de 2012.