El TSJ anula la sanción de 150.000 euros por construir en suelo público

Hasta seis sentencias ha perdido el Ayuntamiento de Zamora en los últimos tres meses. Entre ellas, la relativa al recurso planteado por la institución municipal contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso que anulaba la sanción urbanística impuesta por una de las edificaciones ilegales en la Rúa de los Notarios, 20. El TSJ falla que la sanción de 150.000 euros ya no puede aplicarse puesto que el caso está prescrito, dado que las edificaciones se construyeron en el año 2003 y el proceso sancionador comenzó en 2009. No obstante, el tribunal "da un fuerte tirón de orejas al Ayuntamiento no solo porque anula la sanción sino porque tuvo una inactividad total durante muchos años, por lo que la prescripción se debe imputar al Ayuntamiento", difunde Francisco Guarido. En este sentido, "urge a terminar el expediente de una vez y proceder al derribo de todas las construcciones que se encuentran en futuros espacios públicos".

El edificio municipal

Entre las últimas sentencias que el Ayuntamiento ha perdido en los dos últimos dos meses, Guarido da a conocer un auto del Juzgado Contencioso que falla que la institución local "debe pagar ya la indemnización a UFC por valor de 3,5 millones de euros después de declararse la lesividad del contrato". La indemnización fue recurrida al Tribunal Constitucional mientras que en el Contencioso el Ayuntamiento planteó un incidente para no pagar por el momento, dado que UFC estaba en concurso de acreedores, lo que según el Ayuntamiento podría ser un problema para recuperar el dineros si el TC le diera la razón. No obstante, el Ayuntamiento ya ha recurrido ante la Audiencia Provincial el fallo del Contencioso Administrativo de Zamora.

Por otra parte, el Ayuntamiento deberá bonificar en el 95% el Impuesto de Construcciones por las obras del Hospital Provincial, valorados en 850.000 euros. El Juzgado de lo Contencioso de Zamora acuerda estimar el recurso planteado por la UTE Hospital Provincial y declarar nulo el acuerdo plenario por el que se denegaba la bonificación en el impuesto de la obra de reforma y ampliación. El fallo dice que la rebaja debe aplicarse al tratarse de una infraestructura de interés público.