18 de abril de 2014
18.04.2014

Los secretarios judiciales, «indignados» por la orden de Gallardón de «vestir con decoro»

Los altos funcionarios consideran impropia de este siglo la imposición de faltas leves, con multa de 600 euros, que interpretan como «una ofensa»

18.04.2014 | 00:00
Secretarios judiciales de la capital reunidos tras participar en un paro laboral, en el Palacio de Justicia.

«¿Qué me están llamando?, ¿en el siglo XXI andamos con estas?», se preguntaba «ofendido» uno de los secretarios judiciales de Zamora, exponente de la «indignación y el enfado» del resto de sus compañeros, que pueden enfrentarse a «una falta leve», con multa de 600 euros, si caen en el «incumplimiento del deber de vestir y comportarse con el decoro adecuado a la función» que desempeñan, según recoge el anteproyecto de Ley del Poder Judicial elaborado por el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz Gallardón.

Los secretarios judiciales, 18 en la provincia de Zamora, están visiblemente irritados y «sorprendidos» ante «lo absurdo y trasnochado» de esta disposición legal, que únicamente les afecta a ellos, ni a jueces, ni a fiscales ni al resto de funcionarios, una norma injustificada a su entender, puesto que «a ninguno se nos ocurre acudir al Juzgado en chanclas y con bermudas». De hecho, la mayoría continúa utilizando el traje y la corbata. En cualquier caso, cabría plantear, «si es que nos van a indicar cómo deben ser las corbatas, las chaquetas de los trajes o el color de las camisas» y, en el caso de las secretarias judiciales, «¿se establecerá un largo de falda idóneo para desempeñar el cargo?», agregaba este funcionario.

Las críticas a la incorporación de este incumplimiento proliferan desde que se ha hecho público como causa de un expediente disciplinario: los secretarios judiciales se preguntan «quién establece los criterios del decoro y cómo valorará» si su vestimenta se ajusta a las exigencias del Ministerio de Justicia. Se sienten directamente atacados, puesto que únicamente se impone tal obligación «para nosotros, ni para los jueces, ni para los fiscales».

Este cuerpo de funcionarios, del grupo A1, con rango de autoridad, tratamiento de «señoría» y obligados a usar la toga en sala, considera que esta reforma «demuestra la desconfianza y la poca consideración» del anteproyecto de Ley, por tanto del Ministerio que lo elabora, hacia ellos, «especialmente cuando a los jueces se les presume el decoro, pues no cuentan con una falta paralela» , «extraída de los tratados más rancios de las buenas prácticas en los Tribunales españoles», se indica desde la Unión Profesional de Secretarios Judiciales (UPSJ) en un escrito que analiza el anteproyecto.

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