Los jueces y magistrados de Zamora responsabilizan a la Gerencia y a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia «de las disfunciones que pudieran producirse en el Juzgado de Guardia y de los perjuicios que se ocasionen al ciudadano» con la puesta en marcha de un Real Decreto que les obliga a adelantar el dinero de los desplazamientos para realizar diligencias, mientras llega la autorización administrativa del gasto. La Junta de Jueces, que exige «la total suspensión de la aplicación», ha anunciado, «intentará» cumplir la disposición, para lo que hará una «previsión mensual con la suficiente antelación de la relación de salidas previsibles y coste aproximado de cada una de ellas en vehículo particular o taxi». Pero, insisten, cuando no pueda producirse un anticipo de dinero, los jueces no saldrán del Juzgado.

El acuerdo fue adoptado «por unanimidad» en el sentido de «no pagar cantidad alguna derivada de dicho concepto», con lo cual, advierten al Ministerio de que se verán obligados a «suspender la actuación» judicial que corresponda, cuando no sea posible realizar esa diligencia en su juzgado. Y la suspensión se prolongará hasta que la Gerencia «habilite la partida». Los jueces de Instrucción, que realizan por semanas las guardias, inciden en «la evidente» imposibilidad de aplicar la medida al Juzgado de Guardia, «dado el carácter urgente e imprevisible de las diligencias» y porque «requieren una actuación inmediata por parte del juez, haciendo por ello imposible tanto su previsión como la obtención de previa autorización». Los desplazamiento se venían haciendo hasta ahora «en taxi o vehículo particular por las especiales circunstancias del servicio y la imposibilidad de ajustar el mismo a horarios del transporte público, inexistente o muy deficitario en esta Provincia». Ante la nueva situación, los jueces «no realizarán desembolso alguno para el transporte» para «las actuaciones de guardia que requieran desplazamiento de no existir anticipo de caja».