19 de octubre de 2013
19.10.2013

Los jueces se niegan a pagar por anticipado de su bolsillo viajes para realizar diligencias

El colectivo anuncia acciones legales contra un sistema que exige autorizar el gasto cuando su trabajo es «imprevisible» y de «respuesta inmediata»

19.10.2013 | 00:00

Si el Juzgado de Guardia no dispone de fondos para pagar al juez el desplazamiento para acudir a un levantamiento de cadáver, en un taxi como se viene haciendo, este servicio se quedará sin cubrir. De igual manera, los jueces y magistrados de la provincia de Zamora no realizarán ninguna actuación fuera de sus oficinas si se carece de fondos públicos para sufragar el transporte necesario, en contra de las «órdenes e instrucciones» dadas por la Gerencia y el Ministerio de Justicia. De este modo, se niegan a pagar de su propio bolsillo los viajes, anticipo que tendrían que asumir con el nuevo sistema impuesto por Justicia, que exige tramitar la autorización previa del gasto ante Gerencia si el Juzgado no tiene fondos.


La rebelión, acordada en la Junta de Jueces de Zamora, trata de echar abajo la decisión de aplicar el Real Decreto de «indemnizaciones por razón de servicio» que regula el abono de esos traslados de los funcionarios públicos (en los que se incluye a forenses, secretarios, fiscales y el resto de personal de esta Administración) y les obliga a sufragar esos costes cuando no exista «caja» en el órgano judicial pertinente. Tras «oponerse totalmente» a esa determinación, el colectivo profesional anuncia la toma de las «acciones legales procedentes en defensa de nuestros derechos estatutarios y profesionales» a través de sus asociaciones, a las que requiere para que «insten al Ministerio de Justicia para que ponga los medios materiales necesarios y suficientes para el desempeño de nuestras funciones, no coartando nuevamente las mismas».


Los jueces zamoranos de Instrucción han querido dejar claro que no adelantarán dinero para desplazarse fuera de sus despachos, lo que implica que no efectuarán aquellas diligencias que así lo precisen si el Juzgado carece de dinero público para abonar el transporte correspondiente. No olvidan subrayar que «la salida de la sede judicial para la práctica de actuaciones es algo insito (connatural) al ejercicio de la función jurisdiccional», con lo que concluyen que la medida acordada por gerencia se basa en «el desconocimiento del funcionamiento diario de los juzgados y tribunales», cuyo trabajo resulta «imprevisible», «requiere una respuesta inmediata» en muchas ocasiones y está fuera del horario habitual del transporte público existente en la provincia, escaso, agregan. Especial mención se hace, en ese sentido, al Juzgado de Guardia, que enfrenta situaciones imposibles de programar, volcado en dar respuesta inminente a los delitos que cada día se registran en capital y provincia, incluidos los levantamientos de cadáveres por muertes naturales o por homicidios. En conclusión, resulta inviable solicitar «autorización previa» al Ministerio o la Gerencia para poder disponer de dinero para los viajes, si no existe en el Juzgado correspondiente; así como cumplir con «la obligación de realizar el traslado en transporte público», por incompatibilidad de horarios y líneas disponibles. Por tanto, los jueces y magistrados no asumirán el «pago por parte de dicho personal del coste del transporte, sin perjuicio del posterior reembolso», como pretenden el Ministerio y la Gerencia.

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