La reforma laboral del Gobierno de Rajoy cumple un año con más de 17.900 parados en la provincia, con un aumento de la conflictividad en los juzgados por casos de despido improcedente y con la sensación de que durante los últimos meses los trabajadores de la provincia han experimentado una devaluación de salarios generalizada. En el lado bueno está la mayor flexibilidad alcanzada en las empresas, que habría sido causa fundamental para que el paro no haya aumentado más de lo que lo ha hecho, y varios meses consecutivos de disminución de la tasa de paro, punto este en el que también tiene mucho que decir la estacionalidad del mercado laboral.

Es difícil hacer un balance completamente fiable de los efectos de la reforma laboral porque habría que comparar la situación real con la que hubiera sido de no aplicarse la norma, algo que es imposible. Por ejemplo, se sabe que durante los doce meses de vigencia de esta ley, que entró en vigor el 8 de julio del año pasado, se han sumado 827 parados a las listas del Ecyl en la provincia, pero no se puede calcular cuantos serían de no haber existido esta norma. Lo que es cierto es que, según los últimos datos disponibles, hay en Zamora 17.946 personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo por las 17.119 existentes a principios de julio de 2012. También está constatado que durante algunos meses del pasado invierno el desempleo afectó a más de 19.000 zamoranos, cifra que ha caído durante los últimos meses. Los trabajadores del sector servicios son los que más han sufrido los efectos de la crisis durante los últimos doce meses -hay 1.206 parados más en este área- y, en contra de la creencia general, el sector de la construcción es el que mejor se ha comportado con 510 trabajadores activos más que hace justo un año.

La reforma también ha traído un aumento de la conflictividad laboral entre empleador y empleado, es decir, más demandas presentadas en los juzgados de la provincia por lo que los trabajadores consideran sus despidos improcedentes. Durante los tres primeros meses de este año se han formalizado en los juzgados de Zamora un total de 142 demandas por despido improcedente frente a las 118 del mismo periodo del año pasado. Durante el cuarto trimestre del año pasado se presentaron 88 demandas en este aspecto y 113 entre los meses de julio y septiembre. Las reclamaciones de cantidad -demandas por impago de salarios o malas condiciones del puesto de trabajo-, al contrario de lo que ocurre con los despidos, han registrado durante los primeros meses de este año un descenso hasta situarse en los 98 casos, según los datos de los juzgados.

Otro de los efectos de la aplicación de la reforma, que se encuentra entre los que buscaba el Gobierno a la hora de aplicarla, es la mayor flexibilidad que han encontrado las empresas de la provincia, una flexibilidad que habría permitido que el número de parados no haya aumentado tanto como lo hubiera hecho sin ella. En el último año un total de 392 trabajadores han visto como se les aplicaba un expediente de regulación de empleo que traía aparejado la reducción de jornada y no la rescisión del contrato. Los datos que maneja el Ministerio de Empleo indican que el número de trabajadores que se han visto afectados por esta circunstancia es mucho mayor que tiempo atrás. En el periodo anterior solo 52 asalariados vieron reducida su jornada, por lo que los ERE que suponían el despido tenían mucho más protagonismo.

Zamora es una de las pocas provincias del país en las que ningún convenio colectivo perdió vigencia durante la jornada de ayer debido a la aplicación de la reforma laboral, que declaró el fin de la llamada ultraactividad, una práctica que aseguraba la continuidad de un convenio vigente si no se acordaba la aplicación de uno nuevo. Manuel Prieto, secretario provincial de Comisiones Obreras, explica que patronal y sindicatos «hemos hecho los deberes y no hemos dejado que ningún convenio caduque». En la reforma se marcaba un año como límite para cerrar las negociaciones abiertas, por lo que desde ayer todos los convenios vencidos o denunciados perdieron vigencia «salvo pacto en contrario» y se procedió a aplicar el de marco superior en el caso de que lo hubiera, medida que no ha sido necesaria en Zamora.

Ahora se marca un nuevo límite, el 31 de diciembre, para cerrar aquellos convenios que se han comenzado a negociar durante el último año. En la provincia, al igual de lo que ha ocurrido ahora, las «cosas marchan por buen camino», afirma Prieto. En caso de que no exista un acuerdo de ámbito superior los trabajadores afectados se verían bajo el amparo del Estatuto de los Trabajadores, lo que les dejaría en riesgo de percibir tan solo el salario mínimo interprofesional, indican desde CC OO.