La Audiencia Provincial designa el viernes a los 36 ciudadanos de entre los que se constituirá el jurado popular que determine si el hombre de Benavente acusado de matar a un joven rumano el 9 de enero de 2011, cuyo cadáver fue abandonado en un monte de Villalpando, fue realmente el autor del crimen, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, que exige quince años de prisión para el único procesado por un delito de homicidio.

A partir de su designación, los zamoranos que reciban la notificación de su elección dispondrán de cinco días para presentar excusas, que tendrá que resolver la Audiencia, instancia que deberá dejar en 20 el número de aspirantes a formar el jurado. De entre esa veintena de ciudadanos, en la primera jornada del juicio, Fiscalía y abogados de la defensa elegirán a los nueve que deberán asistir a la vista oral para dictar el veredicto de culpabilidad o para absolver al imputado.

Las investigaciones iniciadas por la Guardia Civil para determinar quién pudo acabar con la vida del joven de 23 años cuyas iniciales son A.V. condujeron hasta un vecino de Benavente con antecedentes policiales, cuyo abogado mantiene que no existen pruebas que le vinculen directamente con el crimen, perpetrado la madrugada del día 9 de enero, en cuya mañana fue hallado el cadáver bajo un árbol, en el monte «Los Campos», por un cazador que paseaba con su perro. La familia del finado sostuvo, antes de abandonar España «por miedo» al presunto homicida, que los hechos estaban relacionados con las drogas y que el imputado había utilizado al joven para simular ante traficantes que esperaban la partida en Madrid que el finado se había quedado con la cocaína, que debería haberles llegado desde Benavente al parecer el día anterior. El fiscal exige al procesado 13 años de prisión por el homicidio y dos más por tenencia ilícita de armas. En el procedimiento hay otro imputado, un varón también, por encubrimiento del delito, para quien el Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años y seis meses, que de ser confirmada por el jurado popular implicará su ingreso en la cárcel al superar la pena mínima que evita la reclusión.