La redacción de la nueva Ley de Bases de Régimen Local ocupa el centro de la vida política para los ayuntamientos de la provincia, que confían en desprenderse de la pesada carga del mantenimiento de colegios y consultorios médicos, que se llevan más del 30% de los presupuestos en el mundo rural. El presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maíllo, reconoció ayer que la redacción actual de la normativa «no puede ser, por decirlo con suavidad», aunque confía en poder «mejorarla» con nuevas aportaciones durante la larga tramitación que queda por delante. Sin embargo, el grupo socialista reclamó su «retirada» porque «no tiene el consenso de la gente ni el apoyo de la FEMP».

Implicado de forma directa en las aportaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias en su cargo de vicepresidente, Martínez Maíllo calculó que «hay un periodo de entre seis y ocho meses por delante para cambiar algunas cosas». Sin embargo, el líder de los populares zamoranos admitió que «me dan miedo las alegaciones de las comunidades autónomas» que, a su juicio, han conseguido rechazar el mantenimiento de centros escolares y consultorios que «sí aparecía en los nueve borradores anteriores».

Aunque reconoció que «en algunas cosas estamos de acuerdo», Martínez Maíllo rehusó censurar una ley que para los populares tiene aspectos positivos. Por su parte, la portavoz socialista Rosa Muñoz apuntó que el periodo que da la normativa para que las mancomunidades y entidades locales muestren su eficiencia (3 meses) es mucho más exigente que el de las autonomías para asumir competencias en Educación y Sanidad (5 años).

Con escaso contenido, lo más interesante del pleno de ayer se vivió en el apartado de mociones, donde el Partido Popular presentó una propuesta para cambiar el modelo de contratación en Toro de los trabajadores que han de abrir las iglesias a los turistas y que el programa «entre antes de Semana Santa». En este punto, el PSOE acusó a los populares de utilizar la nueva Ley de Estabilidad como pretexto cuando «en realidad, el problema es que el Tribunal de Cuentas impide al Ayuntamiento contratar el personal» para la apertura de monumentos, un extremo que no obtuvo respuesta del equipo de Gobierno.

La recta final de la sesión ordinaria de marzo sirvió un enfrentamiento, uno más, entre el presidente Martínez Maíllo y el diputado de Izquierda Unida, Francisco Molina. El diputado de la oposición puso en solfa que la institución no comunicara la identidad del conductor de un vehículo de la Diputación, tal y como requería Tráfico a raíz de una denuncia por exceso de velocidad en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda. Martínez Maíllo tildó a Molina de «fantasma y miserable» tras argumentar que el trámite no se cursó por una cadena de imprevistos, entre ellos el fallecimiento del funcionario responsable. Molina, no obstante, rechazó los apelativos.

El pleno de ayer puso bajo los focos a los dos diputados investigados por posibles irregularidades en sus cargos. En la bancada popular, José Ignacio Isidro (en el centro de la imagen), que se ha puesto «a disposición del fiscal» a raíz de una denuncia. Entre los socialistas, el diputado Enerino Luis, acusado de un supuesto caso de malversación.