La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Morales del Vino, Ana Mulas Cecilio, fue elegida ayer presidenta de la Comunidad de Regantes del Canal de San Frontis tras imponerse al otro candidato, Manuel Acebes, por 109 votos frente a 74, en el transcurso de la asamblea celebrada ayer en la capital. Ana Mulas es la representante del Ayuntamiento de Morales en la Comunidad, como propietario de terrenos. Tiene la titulación de ingeniero técnico agrícola y trabajó vendiendo semillas, herbicidas y otros productos en la zona de regadío. Mulas acoge el cargo «con ilusión y ganas de trabajar», aunque consciente de los numerosos problemas y retos que tiene pendiente la Comunidad de Regantes hasta ahora presidida pro Rubén Carretero, quien tras ocho años en el cargo aseguró sentirse «muy cansado» para continuar. La junta de Gobierno quedó formada por gran parte de los integrantes de la actual: Manuel Matellán, Ángel Joaquín Rodríguez Martín, Andrés Martín Calzada, Juan Rodríguez Pérez, Jesús Girón Fernández, Isidoro Montalvo, María Ortiz y Manuel Antonio Salgado. Entran nuevos Gregorio González y José Peña Sevillano y el puesto que faltaba para completar la lista de once lo ocupó María del Pilar de Mena.

Los regantes votaron también la fórmula para sufragar los 400.000 euros del crédito puente concedido por Caja Rural, que se hará en un año con una cuota de 525,83 euros por hectárea en concepto de agua y 285,72 en concepto de obras. Según explicó el hasta ayer presidente, la cuota se ha tenido que subir por el aumento de gastos como el de la energía eléctrica y también para hacer frente al crédito. Los regantes votaron a favor de establecer penalizaciones del 100% del precio del metro cúbico para quien consuma más de 7.000 por hectárea y 5.500 de media por explotación.

Acordaron asimismo que no se firme el acuerdo con la Junta para renunciar al convenio de bonificación de intereses de las obras de modernización del regadío entre los años 2012 y 2015, al menos hasta que no reciban el abono de las cantidades pendientes de 2010 y 2011 que ascienden a unos 70.000 euros. Firmarlo supondría renunciar a unos derechos sin recibir nada a cambio, sobre todo cuando la legislación que avala los recortes no contempla este caso.

Suscitó también polémica el aprovechamiento de los terrenos situados junto al antiguo canal de riego, que ya no funciona, que unos consideran una «usurpación ilegal» mientras otros defienden, en el caso de que el propietario colindante haya adquirido el tramo correspondiente de la vieja estructura. Se analizó también la posibilidad de pleitear contra Seiasa por las continuas averías que han las tuberías de PVC de 630 milímetros, mal diseñadas en el proyecto.