Caja España de Inversiones Salamanca y Soria (Ceiss) será vendida al mejor postor si antes de mes y medio no cierra una fusión o se produce la absorción por parte de Unicaja de forma que sea la andaluza quien asuma la recapitalización. De no ser así, Bruselas ordena la venta que se arbitrará en un plazo no superior a cinco años en un marco competitivo y sin ventajas para nadie, según lo expuesto ayer por el comisario de Competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Ceiss recibirá 604 millones de euros a través del fondo de rescate que inyectará en conjunto 1.865 millones a todas las entidades españolas que necesitaban recapitalización y que no habían sido nacionalizadas (Banco Mare Nostrum, Liberbank y Caja 3). A juicio de Almunia «la profunda reestructuración a la que se someterán» les permitirá ser viables en el futuro sin el apoyo continuado del Estado. Ceiss tendrá que transformar en capital los 525 millones que ya percibió del primer Plan de Reestructuración Bancaria. El traspaso de activos tóxicos al banco malo (Sareb) se eleva a 717 millones de euros.

A cambio de la ayuda, Europa obliga a las entidades a reducir su tamaño, en el mismo plazo de cinco años, respecto a la composición de su balance de 2010, alrededor de un 30% en el caso de Ceiss, lo que significa que tendrán que imponer pérdidas significativas a los inversores de participaciones preferentes, que harán frente a quitas importantes. También habrá variación en el modelo de negocio, estableciendo condiciones similares a las que impuso en su día a otras entidades ya nacionalizadas.

Ahora Caja España-Duero tendrá que reorientar su modelo empresarial para centrarlo en el negocio minorista y la concesión de créditos a pymes y hogares en su territorio histórico: Castilla y León, además de Madrid y Extremadura. No podrá prestar dinero a ninguna operación inmobiliaria, donde Bruselas le obliga a mantener «una actividad marginal» y deberá limitar su presencia en el negocio de la banca mayorista. Ello permitiría reforzar su liquidez y reducir su dependencia de la financiación interbancaria y del banco Central.

Ceiss, como el resto de bancos analizados por la Comisión Europea, está obligado igualmente a ceder participaciones industriales y filiales, cuyo producto se destinará a financiar su reestructuración. Bruselas prohibirá lo que se denomina crecimiento inorgánico. En la práctica supone aplicar severas restricciones a su cuota y actividad en el mercado.

El resto del plan de ajuste implica el cierre de 260 sucursales y una reducción de plantilla estimada en 1.500 personas, que deberá llevarse a cabo en un plazo de dos años. Caja España-Duero, en un comunicado hecho público ayer, afirma estar analizando «todas las fórmulas y alternativas para que el impacto de estas decisiones en la plantilla sea el menor posible». Las duras condiciones impuestas por la Comisión Europea son interpretadas por la entidad castellanoleonesa como «un claro impulso a la viabilidad, solvencia, solidez y sostenibilidad de Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria de cara al futuro», hasta el punto de plantearse «seguir en solitario, cumpliendo las exigencias de Bruselas en materia de capital». También se muestran convencidos de que la actuación tendrá «un efecto positivo para la economía de nuestro ámbito histórico y nuestra zona de actuación».

Lo que no está todavía determinado es el porcentaje de participación del Estado en Ceiss, a la espera de un informe que, según la entidad, se elabora en estos momentos, lo que en término financieros se conoce como «due dilligence». En cuanto al tratamiento de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, las cifras finales y el canje que se plantea para los titulares de productos híbridos no se conocerá hasta el mes de febrero, cuando el FROB dé a conocer las condiciones en el BOE, teniendo así, efecto inmediato.