Unicaja daría al banco de Caja España-Duero una participación simbólica en el consejo de administración que resultara de la integración una vez se haya saneado la entidad castellanoleonesa con arreglo a las instrucciones marcadas desde Bruselas, según fuentes de la entidad malagueña. Pero si el Banco de España y Europa dan su aprobación al plan de recapitalización del Banco Ceiss, los castellanoleoneses parecen estar dispuestos a escuchar más voces que las de Unicaja, aunque para ello tendrían que sortear la subasta.

Unicaja no se pronunciará oficialmente hasta el próximo miércoles 19 de diciembre, cuando el Banco de España diga si acepta el plan de reestructuración aprobado el viernes por el Consejo de Administración de Caja España de Inversiones (Ceiss), pero en la caja andaluza siguen apostando no por una fusión si no por una absorción, una vez se haya producido la recapitalización y los ajustes que impone recibir una nueva inyección económica del fondo de reestructuración bancaria, FROB. Es de esperar que tanto el Banco de España el miércoles como Bruselas al día siguiente, 20 de diciembre, no pongan obstáculos al plan trazado por España-Duero y que cifra la petición de ayuda en 600 millones de euros. Si fuera así, el Estado no tendría mayoría en el accionariado de la entidad castellanoleonesa y se quedaría por debajo del 30% (inicialmente se había calculado que el porcentaje del Gobierno superaría el 65%). El capital de Ceiss ascendería a 2.000 millones de euros una vez que el «banco malo» se haga cargo de los activos inmobiliarios tóxicos.

Tanto el canje por la cesión de inmuebles y terrenos como la conversión de la deuda subordinada y las participaciones preferentes se transformarán en las acciones que forman el capital del banco. Eso también tendrá consecuencias con quienes se hayan hecho con preferentes, cuya valoración caerá muy por debajo del precio inicial.

El segundo paso para completar el ajuste se refiere al cierre de oficinas, 250 según el documento dado a conocer al Consejo de Administración y el ajuste de plantilla de unas mil personas. El cierre de sucursales se centraría, sobre todo, en los territorios hacia donde se expandió la caja antes de la crisis.

Bruselas exige que el ámbito geográfico de operaciones se circunscriba al territorio histórico de la caja: Castilla y León, además de Madrid y Extremadura, mientras fuentes de la entidad regional señalaban que los ajustes de plantilla se realizarán preferentemente a través de bajas incentivadas, temporales o prejubilaciones. Aunque es cierto que el margen para evitar los despidos es estrecho, puesto que la primera reestructuración realizada tras la fusión de Caja España-Duero ya recurrió a los incentivos y prejubilaciones, lo que en Zamora supuso la amortización de unos cien puestos de trabajo.

Con esas condiciones, Caja España-Duero quedaría saneada, tal y como desea Unicaja antes de seguir avanzando en la operación integradora. Pero desde Málaga se insiste en que se tratará de una absorción y que la presencia de la castellanoleonesa se reducirá hasta un porcentaje simbólico, menor del 10%. Algunas fuentes aseguran que dicho porcentaje podría ser incluso del 5%, lo que daría a Ceiss la presencia en el nuevo Consejo de Administración de un consejero a cambio de respetar la mayor parte de la Obra Social y Cultural. Esta última todavía alcanzaba los 10 millones de euros en los presupuestos de 2012 después de un recorte de cinco millones con respecto al ejercicio anterior.

Desde Málaga se reitera la posibilidad de que Unicaja haya incluso alcanzado un acuerdo previo con el Banco de España para optar como mejor postor a cambio de una Caja España-Duero saneada.

Pero en este laberinto financiero todavía cabe alguna vuelta de tuerca más. Desde el seno de la entidad castellanoleonesa se reconoce que la solución planteada tras el anuncio de nacionalización parcial «no es el ideal ni el planteado al principio», pero apuntan ciertas ventajas sobre la operación inicial. Lo pactado entonces ya dejaba en minoría a Ceiss con una presencia del 30% frente al 70% de Unicaja, frente a la que ofrece ahora la malagueña. Pero también es cierto que el plan laboral presentado llegó a hablar de 1.800 despidos. Desde la caja aseguran que, en realidad, nunca llegó a cuantificarse el ajuste de personal necesario para la fusión, pero entienden que lo que ocurra ahora «ya no es comparable». Con Banco Ceiss saneado y con una presencia menor del 30% del Estado, Unicaja vencería los temores nacidos, por un lado, del pasivo detectado en el informe de Oliver Wyman, que llegaba a contemplar hasta en 2.000 millones las necesidades de la caja regional, librándose tanto de la repercusión negativa en las cuentas de la andaluza como de la presencia y control estatal en el Consejo de Administración, que supone, entre otras cosas, el límite de los sueldos de los directivos.

Pero esas mismas bazas hacen plantearse a Caja España-Duero otros horizontes de mercado si logra evitar la subasta. La aventura en solitario parece imposible pero, a cambio, estarían dispuestos a estudiar otras propuestas que le permitieran, igualmente, cumplir las exigencias de concentración y mayor tamaño en el mercado financiero.