Más de un centenar de enfermos renales de la provincia necesitan transporte sanitario no urgente para acudir al hospital a recibir tratamiento tres veces por semana, según los cálculos aproximados del presidente de la asociación que los agrupa en Zamora, Alcer, José Manuel Peláez. La asociación de pacientes está dispuesta a emprender movilizaciones en caso de que se confirme que el colectivo no va a quedar excluido del pago del transporte sanitario no urgente, como aparece en el documento técnico que maneja el Ministerio de Sanidad.

El documento técnico determina que los usuarios de ambulancias para transporte no urgente tendrán que abonar por trayecto el 10 % del mismo, que según Sanidad se fija en 50 euros, con lo que el ciudadano pagará cinco euros por viaje (cinco de ida y cinco de vuelta). Se establecen unos límites mensuales para la aportación del usuario en función de su renta. Así, los asegurados o pensionistas y sus beneficiarios con una renta igual o superior a 100.000 euros pagarán un máximo de 60 euros mensuales; los que perciban entre 18.000 euros o 100.000 tendrán un límite de 20 euros al mes, y quienes ganen menos de 18.000 euros sólo abonarán como mucho 10 euros al mes.

Los pacientes gestionados por mutualidades de funcionarios también tendrán el límite de 10 euros.

No obstante, si se trata de enfermos que requieran traslados periódicos por un tiempo superior a seis meses y con una frecuencia de al menos cuatro traslados semanales (dos de ida y dos de vuelta), pagarán lo mismo que los límites establecidos para un mes pero al semestre. Este sería el caso de los enfermos de diálisis.

Estarán exentos de pagar el servicio de ambulancia los afectados por el síndrome tóxico, los discapacitados, las personas con rentas de integración social y con pensiones no contributivas además de los parados que no cobren ningún tipo de prestación.

Peláez indica que tanto la ministra de Sanidad, Ana Mato, como el consejero, Antonio María Sáez Aguado, «nos habían dado su palabra de que no íbamos a pagar». Es cierto que el borrador se discutirá el 20 de diciembre en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde Castilla y León ha anunciado que pedirá exenciones para pacientes dializados y de cáncer. «Pero si tenían esa idea, no entendemos por qué no figurarnos exentos en el borrador». Alcer nacional intentará una reunión con la ministra antes del día 20. «Si al final hay que pagar algo tomaremos alguna medida para expresar nuestro desacuerdo. La verdad es que la medida nos ha pillado por sorpresa, porque nos habían dicho que quedábamos exentos», asegura el presidente de Alcer.

Un paciente de hemodiálisis necesita desplazarse en ambulancia tres veces por semana para el tratamiento que dura muchos años, a veces «de por vida». Acudir en ambulancia es obligado para la mayor parte de los pacientes, debido a que tras acabar la sesión pueden sentir mareos y desde luego la gente mayor no está en condiciones de desplazarse hasta su domicilio por otros medios, explica Peláez.