La Diputación establecerá una vigilancia sobre las entidades bancarias en las que tiene depositados fondos para asegurarse de que cumplen con la legislación y código de buenas prácticas relativas a los desahucios, ya que en caso contrario está dispuesta a retirarlos. Así prometió hacerlo el presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maíllo, en el Pleno de la institución celebrado ayer, pese a que no salieran adelante la moción que en este sentido había presentado el diputado de Izquierda Unida ni el texto de sustitución del Grupo Popular, por cuestiones que matiz que el opositor Francisco Molina entendía que desvirtuaba su propuesta. En todo caso el presidente afirmó que tiene competencias para cumplir con el contenido a la moción de su grupo, en el sentido de que «la Diputación retire los depósitos financieros a aquellas entidades que no cumplan con lo dispuesto en el real decreto ley 27/1012 de 15 de noviembre de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios así como el código de buenas prácticas establecido en el decreto ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y con cualquier otra legislación nacional o autonómica para la protección social de las familias deudoras, que puedan adoptarse en el futuro».

Se trata sobre todo de apoyar a los damnificados por el problema social de los desahucios, con una medida de cierto calado económico, ya que el dinero depositado por la Diputación en los bancos genera unos intereses de entorno a 600 millones al año.

La Diputación había aprobado previamente el presupuesto para 2013, que prevé 59,7 millones de gasto y 62,4 de ingresos. Los votos a favor de PP y Adeiza sacaron adelante las cuentas para el año que viene, en tanto que el PSOE se abstenía, merced a un acuerdo previo en determinados puntos, pero dejando claras sus discrepancias en otros, como los 95.000 euros para Sodeza, la piscina climatizada de Morales del Vino o los 350.000 euros de fondos propios «sin criterios de reparto y que utilizan para fines partidistas», explicó la portavoz, Rosa Muñoz. La alternativa propuesta por Izquierda Unida fue rechazada por el resto de los grupos de la corporación.

Se aprobó también la modificación de la plantilla, que suprime ocho plazas vacantes de vigilante, ingeniero técnico de obras públicas, conductor mecánico, oficial electricista, operario de vías y otras, auxiliar de recaudación, auxiliar administrativo y encargado de relaciones públicas. Se aprobó asimismo la ordenanza de la sede electrónica.

En el apartado de mociones, el PP tumbó una Adeiza que criticaba las nuevas tasas judiciales, se aprobó por unanimidad la que apoyaba el manifiesto de la Asociación de la Prensa en defensa de esa profesión (Maíllo invitará a los periodistas a leer en manifiesto en un acto en 2013 con motivo de los 200 años de la institución); también la que pide a Fomento que mantenga la estación del AVE en Otero de Sanabria, presentada por el PSOE; y con un solo voto en contra la del Partido Popular que pedía la petición de patrimonio inmaterial de la humanidad para la tauromaquia, respaldada con su presencia por toreros como Alberto Durán, Javier Gómez Pascual o la periodista Ana Pedrero.