Los últimos recortes auspiciados por la consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León en las ayudas al campo podrían afectar a las subvenciones en la modernización de los regadíos, lo que significaría que los profesionales zamoranos dejarían de percibir un total de 613.249 euros, repartidos entre las comunidades de regantes de San Frontis, Virgen del Aviso y el canal Toro-Zamora. En este último caso sería la cuantía más elevada, con una deuda total por parte de la administración regional de 474.711 euros. En total, son 29 las comunidades de regantes afectadas por la suspensión o revocación durante al menos cuatro años de la financiación de dos puntos de interés que cubriría la Junta sobre los créditos que los regantes han contratado ya como tarifa anticipada a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) en las obras de modernización del regadío.

Ante esta situación, la procuradora socialista y portavoz en las Cortes de Agricultura y Ganadería, Ana Sánchez, anunció que su partido preguntará en Pleno a la titular de la consejería de Agricultura, Silvia Clemente, si finalmente la administración regional «va a revocar o no estas ayudas», al tiempo que pedirá una reunión de la consejera con los representantes de las comunidades de regantes para que les explique la situación.

«La Junta tiene que cumplir con sus compromisos ya firmados», denunció Sánchez, quien anunció que el PSOE presentará una proposición no de ley para que la Junta «continúe financiando a los regantes de Toro, San Frontis y Virgen del Aviso», enumeró, ya que, a pesar de estos más que previsibles recortes, «los regantes sí deben seguir pagando sus créditos, ya que tienen contratos firmados tanto con Seiasa y con los bancos», recordó.

El secretario general del PSOE, Antonio Plaza, por su parte, lamentó que la única que salida que siempre encuentran los dirigentes del Partido Popular ante los problemas «son los recortes, pero selectivos, que siempre afectan a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como en este caso los agricultores y ganaderos». Su compañera, Susana de Caso, añadió que este tipo de medidas tomadas por la Junta de Castilla y León «son un ataque directo al mundo rural, que se unen a los recortes ya realizados en otros terrenos, como salud o educación».