Los jueces y magistrados de la provincia secundarán un paro el día 12 de diciembre, a partir de las 12.00 horas, para expresar su rechazo frontal a las reformas legislativas planteadas por el Gobierno central que estiman un ataque frontal a su independencia, entre ellas la eliminación de jueces sustitutos. Por contra, el colectivo defiende el aumento de plazas de jueces para que pueda haber una justicia de calidad, mientras exige que el Ministerio acceda a «una negociación sobre la nueva Ley del Poder Judicial y del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial» (CGPJ), declara la decana de jueces, Ana Descalzo Pino. Esta movilización de jueces, que también llevarán a cabo los fiscales tras el acuerdo de las siete asociaciones nacionales de ambos colectivos profesionales y el apoyo de los colegios de abogados, será el paso previo a la convocatoria de «una huelga en enero, si el ministro de Justicia no se aviene a negociar». Por concretar está la fecha, después de que «las concentraciones no hayan dado resultado. Solo ha habido manifestaciones del ministro en las que manipula nuestras reivindicaciones, que ni tienen que ver con la eliminación de la extra ni de días libres», abundó Descalzo para subrayar el malestar que existe entre los jueces y magistrados por tales afirmaciones.

Jueces y fiscales ya difundieron el 23 de noviembre el decálogo en el que resumían sus peticiones, en entre las que se encontraba «el aumento de jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea», con la convocatoria de «250 plazas cada año como mínimo». Su objetivo es conseguir «una justicia ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación económica». Asimismo, solicitan que se ponga en marcha la nueva demarcación judicial, «la agrupación de unidades judiciales en grandes ciudades, creación de tribunales de instancia y nuevas oficinas judiciales y fiscales», al entender que el sistema actual «es ineficaz sin la modernización tecnológica e informática uniforme para todo el Estado». También exigen la retirada de la Ley de Tasas que limita el acceso a la justicia de la mayoría de los ciudadanos.