La jefa de sección de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno acudió ayer con absoluta normalidad, como un día más, a su puesto de trabajo, después de que el juez de la Audiencia Nacional decretara su libertad provisional sin fianza y le imputara los delitos de prevaricación, cohecho, colaboración con banda criminal y falsificación de documentos públicos. La funcionaria, cuyo nombre responde a las iniciales de P.G.V., se mostró en todo momento entera y tranquila, aseguran algunos de los compañeros y compañeras que pudieron verla o conversar con ella durante estas primeras horas posteriores a su comparecencia ante el juez que investiga la trama china de blanqueo de capitales que operaba en España, desarticulada por la Policía Nacional en la «Operación Emperador».

Al parecer, mantiene que nunca cometió ninguna irregularidad en su trabajo, conducta que corroboran sus compañeros más directos, extrañados por la implicación de esta trabajadora pública en una organización criminal de la entidad de la investigada desde el año 2009 por la Fiscalía Anticorrupción. El día de su detención, el pasado martes, responsables de las áreas de inmigración de sindicatos y patronal ponían de manifiesto el celo en su trabajo. Es «muy, muy estricta» a la hora de conceder permisos de residencia y de trabajo e informar favorablemente sobre la reagrupación familiar, indicaron. La responsable de esta Oficina se incorporó tras descansar unas horas desde que llegara al inicio de la tarde del jueves a su domicilio zamorano procedente de Madrid, donde declaró asistida por su letrado durante más de una hora ante el magistrado del Juzgado número 4 de la Audiencia y el fiscal.

Las consecuencias de la «Operación Emperador» han tenido una repercusión directa en el funcionamiento de los negocios de ciudadanos chinos, principalmente sobre los restaurantes más conocidos de la capital, como el situado en la Plaza Mayor y en la calle de Toro, cuyos propietarios quieren hacer especial hincapié en que no tienen nada que ver con esta red china de blanqueo de dinero. «A mi marido le han llamado por la calle mafioso», comentaba muy afectada la dueña de estos negocios, que exigía una aclaración en los medios de comunicación, «nos ha hecho mucho daño», tanto que desde que se produjeran las detenciones y se conociera la noticia el volumen de negocio ha sido prácticamente nulo. «Digan que nosotros no sabemos nada de esto, nuestros negocios no tienen relación con esto», pedía para instar a que no se criminalice a la comunidad china. En Zamora no se ha investigado a ninguno de los comercios y restaurantes chinos que funcionan en la capital y provincia.