Falsificación de documentos, cohecho, prevaricación y cooperación con banda criminal son los cuatro delitos que se imputan a la jefa de sección de la Oficina de Extranjería en la Subdelegación. Ante las preguntas formuladas por la Fiscalía y el magistrado que investiga la trama china de blanqueo de capital, la funcionaria de Zamora, P.G.V., aseguró haber tramitado con diligencia y sin ninguna irregularidad cualquiera de las solicitudes de residencia y trabajo de ciudadanos extracomunitarios que tramitó en su área de competencia, según ha podido saber este diario.

Al parecer, habría negado trato de favor hacia la comunidad de inmigrantes chinos, como indican los datos publicados por este diario ayer que apuntan un descenso de altas en el padrón en el último año, con 21 solicitudes cursadas, frente a las 46 del año precedente. A expensas de que se levante el secreto de sumario y se conozcan con más precisión las cuestiones planteadas en la comparecencia, tan sólo ha trascendido que el interrogatorio al que fue sometida por parte del magistrado Fernando Andreu, titular del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, y el fiscal fue muy técnico, que se centró en aspectos concretos sobre sus funciones al frente de la Oficina de Extranjería.

Sí ha trascendido que la impecable declaración que efectuó la zamorana, que apenas pudo hablar unos minutos con su abogado antes de entrar al despacho del juez, ha sido clave para que su defensa pudiera conseguir la libertad provisional sin fianza, dadas las pruebas que fundamentaban la acusación y que se solicitó se cotejaran con los documentos expedidos por la funcionaria desde 2009, cuando se inició la investigación, hasta ahora para mayor seguridad de las imputaciones. La Fiscalía exigía, al parecer, una fianza de 25.000 euros para la responsable de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación si bien finalmente se dictó el auto de libertad provisional con obligación de personarse los días uno y quince de cada mes en el juzgado, medida con la que se trata de impedir una posible fuga. La mayoría de los detenidos interrogados ayer por el juez tendrán que afrontar el abono de fianzas de entre 25.000 y 100.000 euros. La zamorana fue una de las tres personas que evitó esta obligación, frente a las 21 que terminaron en prisión entre el miércoles y la mañana de ayer. La funcionaria llegó a la capital zamorana ya por la tarde, después de ser la primera de las 14 personas que pasaron a disposición judicial a lo largo de la mañana de ayer.