«No es una cuestión de forma, de explicar mejor o peor un modelo de ordenación territorial, es una crítica de fondo importante, el Gobierno regional debe estudiarla, analizarla, como el resto porque es una alegación más, pero en ningún caso minimizarla ni obviarla. Puede ser una alegación compartida por muchos, no sé cuantos, alcaldes de Castilla y León y también por muchos presidentes de diputación, y me consta que es así». Es lo que dijo el presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maíllo, en ese caso como presidente provincial del Partido Popular, al término del comité de dirección de la formación, que apoyó sin fisuras la postura de los asistentes al Consejo de Alcaldes con respecto al nuevo modelo de ordenación del territorio propuesto por la Junta de Castilla y León.

Maíllo asegura que los alcaldes tomaron la decisión libremente, «sin haber recibido ningún tipo de sugerencia, con absoluta independencia, en interés general y de los ciudadanos a los que representan y que les votan, en interés de sus ayuntamientos». Además calificó la alegación de «muy coherente, bien fundamentada y realista, y está hecha con la unanimidad de todos». Por eso el PP la respalda, y porque no mostrar el apoyo a los alcaldes «sería el suicidio político del PP de Zamora», una formación eminentemente municipalista.

El presidente provincial advirtió no obstante, en referencia al PSOE, que la alegación trata de aportar, no de criticar y desde luego «no queremos ni vamos a permitir que esta alegación se utilice en contra del Partido Popular de Castilla y León. Esta alegación se hace para aportar al modelo, no para atacar al Gobierno regional. El objetivo es mejorar el modelo, si fuera preciso cambiar algo, cambiarlo, no es la confrontación sino la aportación. Resulta lamentable encontrar algunos intentos de utilización política que no vamos a amparar ni a permitir».

Eso si, Maíllo dejó claro que espera que se tenga en cuenta la opinión de los alcaldes. «No hay que tener miedo a escuchar a los alcaldes. El Gobierno de España se ha dado un plazo nuevo y está abordando o tratando de cambiar esos aspectos que han generado rechazo. Aquí ya saben que nos hemos opuesto a la eliminación de las entidades locales menores. No estamos de acuerdo, habrá que valorar cuales cumplen y cuales no y las que no cumplen, evidentemente, pero no se puede hacer tabla rasa con todas. Y el Gobierno de España ha abierto un periodo nuevo de diálogo con los alcaldes y presidentes de diputación de España y por lo tanto la Junta no debe tener miedo si fuera necesario a atemperar el ritmo del proceso y buscar un nuevo proceso de diálogo directo con los ayuntamientos y las diputaciones. No debe tener miedo a introducir cambios sin duda si fueran necesarios».