Todos los contenidos tratados en las diversas convocatorias de la Mes de Ordenación Territorial se resumen en un problema: Cómo encajar los distritos de interés comunitario en los firmese planes del Gobierno de reducir el entramado administrativo. La cabeza visible de la Junta de Castilla y León en este proyecto, el consejero De Santiago Juárez, ha reiterado tras la última sesión del órgano de ordenación que es perfectamente posible casar el proyecto de la Junta con la futura Ley de Bases de Régimen Local del Gobierno.

Y lo ha hecho además de una manera decidida con declaraciones en una única dirección. El consejero de Presidencia ha hablado de la apertura de «un cambio tranquilo pero imparable» a través de una fórmula que a ojos de la Junta de Castilla y León es «la más adecuada» para los municipios menores de 500 habitantes, el 76% de la región.

Los planes que baraja la Administración regional caminan por una pérdida de funciones de los municipios en función del tamaño: los más pequeños ceden más competencias que los mayores. Los servicios recaen en administraciones superiores, o bien en las diputaciones o bien en los distritos de interés comunitario, que requieren de una adhesión voluntaria por parte de los propios vecinos.