Los socialistas «pretenden que no se produzca la desaparición de los partidos judiciales ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo», convencidos de que el verdadero debate de la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial «está en si es necesario o no hacer desaparecer» tales órganos, en Zamora los de
Benavente, Toro y Villalpando. La respuesta es contundente, «el PSOE cree que no lo es e iría en contra de los intereses de los ciudadanos, de los abogados y de los procuradores», declaró ayer para despejar dudas el diputado socialista por Zamora, Antonio Camacho.
El parlamentario nacional reprocha al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que siga callado tras varias semanas desde que se diera a conocer el informe sobre la modernización de la Administración de Justicia y le exige que especifique «cuál es su postura, porque no ha dicho con claridad» qué es lo que se pretende hacer. Camacho, frente al revuelo que ha causado el proyecto, estima que «es necesario tranquilizar a los ciudadanos». El último ministro de Interior con José Luis Rodríguez Zapatero se mostró totalmente en contra de la supresión del 50% de los partidos judiciales y puso como ejemplo las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la implantación de la Oficina Judicial Única durante el mandato socialista como ejemplo de que existen otros métodos para modernizar la justicia.
Camacho anunció enmiendas para que se destinen 125 millones de euros para adecuar la Ley de Desarrollo Rural porque la agricultura y la ganadería son fundamentales para la economía zamorana y «los presupuestos del PP van en contra» de esos dos sectores y, por ende, «de los intereses de Zamora, ya que impiden que crezca la provincia desde la agricultura y ganadería. No se pueden ahogar esas dos posibilidades de crecimiento», subrayó el parlamentario socialista, que es integrante de la Comisión de Agricultura.
Por su parte, la portavoz socialista en la Comisión de Agricultura de las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez, agregó que el PSOE ha presentado iniciativas en esa institución y en el Senado una moción para mantener la vigencia de esa Ley «porque con el 80% de recorte» en los presupuestos generales del Estado, «la pregunta es si se puede mantener». Quieren saber si la Junta tiene previsto compensar el desfase con el presupuesto autonómico, ya que «es una de las comunidades autónomas más afectadas por la medida del Gobierno central y dentro del territorio regional, esta provincia».
Finalmente, Camacho instó al Gobierno central a «dejar de usar la vía del decreto y el Consejo de Ministros de los viernes» para tomar medidas, «que comience a hablar con los grupos parlamentarios y con los sectores afectados» por sus decisiones. Aseguró que, «dada la entidad de la crisis, es absolutamente necesario un segundo pacto de la Moncloa», difícil porque «el Gobierno está instalado en la idea de que la mayoría absoluta le permite gobernar sin necesidad de ello».
