La antigua prisión de Zamora sigue, seis años después, en situación de desafectación y dispuesta para su enajenación, según lo dispuesto en el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios de 2006, aprobado por el Gobierno del PSOE y que se mantiene en la actualidad, según la respuesta del Ejecutivo del PP dada en el Congreso al diputado socialista zamorano Antonio Camacho, quien precisamente era secretario de Estado de Seguridad cuando se aprobó dicho plan.

El diputado presentó el pasado mes de febrero una pregunta en el Congreso en el que se interesaba por la «disposición del Gobierno en relación a la cesión a las instituciones zamoranas del edificio de la antigua cárcel para usos sociales y culturales».

En su respuesta, del pasado mes de marzo, el Ministerio del Interior responde que «el inmueble del antiguo centro penitenciario de Zamora está aportado a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, para que, en cumplimiento del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, sea enajenado con la finalidad de cofinanciar las inversiones previstas en dicho Plan».

Las inversiones incluyeron en Zamora la construcción del módulo de inserción social, pero la provincia quedó fuera del resto de planes de nuevas prisiones, pese a la presión ciudadana y de los sindicatos de prisiones que reclamaban un nuevo centro, mientras otros colectivos demandaban el antiguo edificio de la carretera de Almaraz para usos culturales.

El programa de Amortización incluye a la antigua cárcel de Zamora como desafectada, lo que implica la posibilidad de vender los terrenos donde se levanta. Fuentes del PP criticaron ayer la actitud del diputado socialista «cuando él sabe perfectamente, como exsecretario de Estado de Seguridad que la situación real del edificio la definió el PSOE en 2006», así como que la anterior responsable de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, nunca contempló otra posibilidad para el mismo, al igual que tampoco fue incluida Zamora en los planes de prisiones de nueva construcción.

Según la explicación dada por el Gobierno, nunca hubiera sido posible la cesión del inmueble para ningún uso, al encontrarse desafectada y pendiente de enajenación. Sin embargo, el político socialista desmiente que esto haya sido un impedimento y culpa a la Junta y al Ayuntamiento de no haber ejercido sus responsabilidades cuando, siendo ministro del Interior, ofreció la posibilidad de ceder el edificio.

La cárcel de Zamora cerró sus puertas en 1995 tras cuarenta años de historia en los que sirvió de prisión consietudinaria para sacerdotes durante el franquismo y albergó presos peligrosos y terroristas de ETA y el Grapo. Estos últimos protagonizaron una espectacular fuga en 1979. Tras cerrar sus puertas, ha servido como sede de escuela taller y para el rodaje de la película Celda 211. El pasado verano, un grupo de jóvenes promovía la ocupación del edificio, notablemente deteriorado, como sede de actividades culturales. Tras ser desalojados, la polémica se trasladó al ámbito político. Aunque el diputado Antonio Camacho, siendo aún ministro del Interior durante la campaña electoral de los comicios generales del pasado 20 de noviembre, ofreció la posibilidad de ceder el edificio, pero en el tiempo no se produjo ningún trámite burocrático que devolviera a la vieja prisión la posibilidad de ser reutilizada. Y el nuevo Gobierno, en plena época de recortes, tampoco parece tener en sus planes inmediatos la recuperación del edificio.