Las ausencias injustificadas al trabajo y irregularidades en el nombramiento de abogados de turno de oficio, que derivaron en apertura de diligencias de la Fiscalía al Colegio de Abogados y en una queja al Consejo General del Poder Judicial por el retraso de un procedimiento, justifican el despido del oficial, competente en esa materia y único responsable de tales dilaciones, según informó ayer la Junta de Gobierno en la asamblea anual, la más numerosa en años con más de ochenta asistentes.
El órgano colegiado afronta unas diligencias abiertas por la Fiscalía «por presunta desobediencia grave al incumplir reiterados requerimientos de nombramientos de abogados de turno de oficio en varios expedientes», de los que es responsable el trabajador que llevaba 37 años contratado. Se deberá responder al CGPJ sobre «un asunto de Benavente en el que el abogado de una de las partes se queja de que la otra pide abogado de oficio sin que se le haga caso, lo que ha dilatado el procedimiento más de un año».
A estas dos cuestiones, se añadieron «las irregularidades en otros 50 expedientes de turno de oficio, devueltos por la Comisión de la Subdelegación del Gobierno por estar incompletas y que no se subsanaron; además de expedientes desaparecidos y montones de oficios de diferentes juzgados en los que se recuerda por tercera y cuarta vez que está pendiente el nombramiento de abogado» con cargo a la justicia gratuita. Durante más de dos horas el decano, Ignacio Esbec, que rehusó realizar declaraciones «porque se trata de un asunto interno», dio lectura a seis folios en los que se especificaba que en 2006 y 2010 ya se le abrió expedientes que le costaron la suspensión de empleo y sueldo por las mismas faltas.
