«La crisis ha incrementado en un 20% desahucios, impagos y ejecuciones de hipotecas»

La agilización y la reducción de los costes de la Justicia darán un paso importantísimo con la implantación de la Oficina Judicial Única, a decir del decano del Colegio de Procuradores de Zamora, Juan Manuel Gago, una medida esencial.

-La implantación de la Oficina Única para algunos pone en cuestión el papel del procurador, sus funciones al permitir la comunicación telemática entre las instancias judiciales y los abogados.

-No, justamente al contrario. El diseño previsto para la Oficina Judicial, que no se modificará sustancialmente con el nuevo Gobierno, refuerza nuestro papel dentro de la fase declarativa del proceso y prueba de ello es que en Zamora hemos tenido 130.000 notificaciones de lo que es el proceso judicial hasta la sentencia, por no hablar de otras funciones que tenemos. Es más, el procurador es un pilar fundamental para transmitir las resoluciones desde el órgano judicial y esa sede de Secretaría Judicial a abogados y ciudadanos. Esas nuevas herramientas tecnológicas lo que harán será agilizar, facilitar más y reducir los costes de la Administración de Justicia.

-¿Qué opinión le merece la reforma de la Ley del Aborto que plantea el Gobierno del PP, un paso atrás para la oposición?

-A ver lo que dice el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la vida. Decantarse antes de que resuelva me parece muy peligroso porque hay una Ley en vigor y que se está cumpliendo, y no se puede reformar esa Ley sin que se pronuncie el Constitucional antes, sería temerario. La prudencia va a ser buena consejera del Gobierno, que sabe que debe esperar al Constitucional y a partir de ahí decidir si reformar o no la Ley.

-Otra de las nuevas reformas que planteó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es habilitar a los notarios para que puedan divorciar a parejas que no tengan hijos y estén de acuerdo.

-Si el poder legislativo establece esa posibilidad, no nos queda otra que cumplir la Ley. Pero no son las separaciones o divorcios de mutuo acuerdo y sin menores que irían al notario las que están atascando ni las que provocan un gran coste a la Administración. Son las que más rápido se tramitan. Las más conflictivas no van a salir del Juzgado, por tanto, la medida como tal no va a surtir ningún aspecto beneficioso. Sólo encarecería más el procedimiento porque imagino que los notarios cobrarían a quienes se van a divorciar.

-Justo en estos momentos de crisis, supondría quitar a abogados y procuradores un «trocito del pastel» que ahora tienen para dárselo a los notarios.

-Es un poco arriesgado ver esto en términos economicistas. Hay unos principios del Estado de Derecho que están en juego, no veo el avance ni el ahorro por ningún lado en hurtar el servicio que desempeñan jueces, tribunales y fiscales en los procedimientos matrimoniales y dárselo a los notarios. En las últimas declaraciones que he oído al ministro de Justicia ha apoyado a ultranza el derecho de defensa, con lo cual al notario habrá que ir con el abogado.

-¿Sería más caro para el contribuyente?

-A ver, al notario alguien le tendrá que pagar. Un procurador cobra 70 euros por ese tipo de divorcios, no creo que el notario cobre menos.

-Incrementar la planta judicial es una reivindicación constante, y que está muy en el aire. Zamora padece esa falta de jueces.

-En Zamora es una reivindicación de hace más de dos años la creación de otro Juzgado Contencioso y uno más de lo Penal, este último está señalando juicios para dentro de un año y medio. No es de recibo que los ciudadanos tengan que esperar tanto tiempo al juicio; y no hablemos de la sentencia, que puede tardar meses y, si se recurre, más aún, con lo que se dilata el procedimiento a lo mejor dos o tres años. Esa no es una justicia acorde con nuestro Estado de Derecho. La justicia es un servicio tan básico como la educación o la sanidad y debe estar bien dotada de jueces y dar una respuesta rápida a las necesidades del ciudadano.

-¿El cobro a los ciudadanos por recurrir pleitos en los que la sentencia les sea desfavorable contribuiría a desatascar los juzgados o es un parche más?

-El ciudadano ya paga con sus impuestos el coste de todos los servicios públicos. Vamos a ver la experiencia de Cataluña, que ya está aplicando las tasas judiciales para distintos procedimientos y a las personas físicas. También hay que ver qué destino se dará a lo recaudado con esas tasas, porque la que se paga actualmente se decía que iría en su mayor parte para financiar el turno de oficio y la justicia gratuita. Desde el Colegio de Procuradores en 2011 hemos representado a 2.000 ciudadanos al módico precio de 18 euros por cada asunto, entonces, si la tasa no sirve para financiar ni lo que de inicio se fija, me parece una medida que no tiene sentido.

-La crisis se está traduciendo en más demandas civiles por desahucios, reclamaciones de cantidades impagadas, ejecuciones de hipotecas. ¿Tiene datos concretos?

-El año pasado turnamos en torno a 600 asuntos más y eso da idea del incremento de ese tipo de demandas, que ha crecido aproximadamente en un 20%. Esta crisis está siendo especialmente dilatada en el tiempo, después de cuatro años malos no vemos el final del túnel.

-A consecuencias de la crisis, ¿ustedes tienen cada vez más morosos, les es más difícil cobrar?

-Sí, todos sufrimos las consecuencias negativas de las crisis, no sólo porque se retrasen en los pagos los clientes, sino porque en la fase de ejecución el procurador está obligado a correr con todos los gastos que se originan, con lo cual, en no pocos procedimientos, estamos financiando las medidas aseguratorias, de embargo... No sólo no cobramos de nuestros clientes, sino que adelantamos un dinero en ejecución para que no se paralice el procedimiento y no obtenemos su reembolso.

-¿Hay despachos que lo están pasando mal económicamente?

-No tengo noticias de que se haya llegado a esa situación, si bien es verdad que hay un pago de gastos del procedimientos que soportamos, el crecimiento del número de asuntos está un poco equilibrando la balanza. Sí hay malestar por la remuneración del turno de oficio, que es de llevanza obligatoria, y por el adelanto de gastos que estamos haciendo y que nos genera problemas para recuperar las cantidades.

-¿Qué medidas cree que el nuevo Gobierno debería tomar necesariamente para sacar a la justicia de este atolladero en el que está, agravado por la crisis y el aumento de causas?

-De momento no tenemos una noticia clara de qué va a hacer este ministro, los presupuestos generales del Estado, por aprobar, nos darán la pista de lo que se pueda hacer. Nuestra Administración de Justicia está dotada de unos profesionales extraordinarios a todos los niveles y con una dedicación extraordinaria también. El problema es que, en una sociedad avanzada como la de hoy, tecnológicamente estamos, no voy a decir en el siglo XIX, pero sí a mediados del XX cuando estamos muy entrados en el XXI, en el que existen unos medios tecnológicos. Ese es el problema: De tiempos y agilidad, no de falta de profesionales que los hay muy buenos y muy capacitados.

-¿Y la Oficina Judicial será una ventaja en ese sentido?

-En cuanto inyecten dinero en la Oficina Judicial y se asiente en todas las jurisdicciones no tiene que haber problemas para una agilización de la Administración de Justicia. Ahora nuestros esfuerzos profesionales hay veces que se topan con la realidad de las cosas, es decir, con el papel, que ya no debería existir, dados los costes que acarrea; y con esa Oficina Judicial que no acaba de despegar. En definitiva se precisan medios humanos y materiales, pero sobre todo de informática, el expediente digital que acortará enormemente los tiempos porque lo hemos comprobado con el Lexnet.

Pozuelo de Tábara (1962)

Juan Manuel Gago tomó las riendas del Colegio de Procuradores de Zamora hace ahora doce años, cargo desde el que ha impulsado la modernización de los despachos de estos profesionales con la instalación del sistema telemático Lexnet, que implantó la comunicación vía telemática con los juzgados para recibir las notificaciones que hacen llegar a los abogados. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, Gago ejerce en la capital zamorana desde que inició su carrera como procurador.