La fórmula elegida por el Ayuntamiento, la Diputación y el Obispado de Zamora para garantizar la continuidad de los empleados que abren las iglesias ha sido puesta en cuestión por los técnicos municipales, tal y como recoge el grupo municipal de Izquierda Unida. De hecho, el interventor y el secretario coinciden en que el citado modelo puede suponer «fraude» dado que contraviene los derechos de los trabajadores.
Conviene recordar que las instituciones locales se han decantado por sacar a licitación la gestión de los empleados que abrirán los monumentos entre los meses de abril y diciembre, aunque es el Obispado el que establece qué personas serán contratadas, las habituales en años anteriores. La Iglesia ha renunciado a contratar los trabajadores de manera continuada para evitar que generen derechos como contratos fijos, mientras que el Ayuntamiento y la Diputación se han decantado por este sistema para evitar una selección de personal.
Tal y como recoge Izquierda Unida, el interventor municipal advierte en un informe que «la utilización del cambio de sujeto titular de la actividad, en definitiva, de la persona del empresario, en fraude a los derechos de los trabajadores». Asimismo, censura hechos como la rotación de tres empresarios distintos como contratadores para evitar consolidar la antigüedad. Por su parte, el secretario municipal da la razón al informe del interventor y asevera que la contratación por parte del Ayuntamiento de los mismos trabajadores de manera continuada puede convertirlos en empleados indefinidos.
Ante estas afirmaciones, el grupo de Izquierda Unida enviará los citados informes a la Inspección de Trabajo. Francisco Guarido no entiende que estas personas tengan contratos temporales cuando, en realidad, desarrollan una labor continuada. Tampoco está de acuerdo con que el Obispado elija el personal cuando se financia con dinero público.
