«Flexibilidad». Esa fue la palabra más repetida en la reunión que ayer celebró la Federación Española de Municipios y Provincias para tratar uno de los asuntos que más preocupan a las instituciones locales: solucionar cuanto antes las deudas a las empresas. El vicepresidente del órgano, el zamorano Fernando Martínez Maíllo, celebró la fórmula anunciada por el Gobierno para que los proveedores cobren, aunque pidió «tiempo de carencia» para que las entidades locales devuelvan de una manera cómoda los préstamos bancarios que permitirán saldar las deudas.

Precisamente, Martínez Maíllo razonó la solicitud que los ayuntamientos y diputaciones de todo el país realizará al Gobierno en el «fracaso» de la iniciativa que puso en marcha el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. «Hemos coincidido en que la antigua línea ICO fue un fracaso porque establecía solo tres años para devolver los créditos sin tiempo de carencia», apuntó el líder popular. De ahí que los alcaldes estén de acuerdo con pagar a los proveedores como establece el Ministerio de Economía, aunque «tenemos que ver las condiciones del crédito».

Así las cosas, la Federación de Municipios y Provincias solicitará al Gobierno de Rajoy un número de años más amplio para devolver esos préstamos y un periodo de descanso sobre esas obligaciones. «Hemos solicitado que haya un mayor número de años para la devolución y que haya tiempo de carencia para dar flexibilidad al pago por parte de las corporaciones locales», remata Martínez Maíllo.

Los planes del Gobierno para que las entidades locales de todo el país -ayuntamientos y diputaciones- abonen los 40.000 millones que deben a los proveedores es bien simple. Los bancos abonan ya las facturas a las empresas y las instituciones devuelven el importe a las entidades financieras con un crédito del que ahora negocian las condiciones. Por otro lado, el vicepresidente segundo de la FEMP si estuvo algo más escéptico con los plazos que el Gobierno ha fijado para dar solución a las deudas porque son «breves en exceso».

Sin embargo, Martínez Maíllo también reconoció que «la situación económica no permite demasiados plazos». Así, las entidades locales tienen hasta el próximo 15 de marzo para reunir las facturas que no han podido pagar hasta la fecha y la segunda quincena del mes para preparar un plan de saneamiento. Con todo listo, los ayuntamientos abonarían facturas desde el próximo uno de mayo.

En la provincia, el ayuntamiento más afectado por la medida es el de la capital, que ya tenía previsto un préstamo de 14 millones para comenzar a liquidar facturas por algo más de 17 y ahora tendrá que respetar la nueva medida del Gobierno, que hará esperar aún más a los autónomos y empresas que le han suministrado productos o servicios y aún no han cobrado.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Zamora defendió la gestión de los ayuntamientos por su «escasa contribución» al déficit del país, que superará el 8% y cuya reducción se ha convertido en el principal caballo de batalla del Gobierno de Rajoy. «Los últimos datos de desviación del déficit, las corporaciones locales solo hemos contribuido en un 0.08%, lo que significa que los ayuntamientos y las diputaciones no somos el problema», argumentó Martínez Maíllo. Aún así, la deuda con las empresas está ahí y, en algunos casos, ha llevado al cierre de las compañías con mayores problemas de liquidez. Los empresarios, a través de la patronal, han reclamado resolver de manera urgente esta situación para evitar nuevas quiebras derivadas de deudas por pagar.