El grupo de Izquierda Unida pide a la Diputación que delegue el control de las obras de las carreteras en el laboratorio de Fomento, perteneciente a la Junta de Castilla y León, con el objetivo de «ahorrar dinero público». Según el planteamiento de Francisco Molina, este servicio cuesta algo más de un millón de euros al año y lo realiza una empresa privada y podría asumirlo la Administración regional.
