Agentes del Seprona regresaron ayer a primera hora de la mañana al Mercado de Abastos, aunque esta vez con un objetivo muy concreto: inspeccionar el otro puesto de productos cárnicos que está siendo investigado y que ayer mantenía su actividad con normalidad. En el negocio precintado el miércoles (que ocupa los puestos con los números 17,18,19 y 20) varios carteles rezaban «cerramos hasta el día 13. Disculpen las molestias», sin que ningún distintivo indicara que la Guardia Civil había ordenado su cierre e investigaba a sus propietarios ante la posible venta de carne procedente de animales ilegalmente sacrificados o sin control sanitario.

El registro realizado ayer en el otro negocio se prolongó durante más de una hora, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso este diario, y el veterano industrial, cuyo nombre responde a las iniciales de A.P., fue advertido de que compareciera con un abogado cuando fuera llamado a declarar en los próximos días. Una indicación que vendría a apuntar su imputación, junto a otro integrante de su familia que trabaja con él, en un posible delito de tráfico de carne ilegal que la Guardia Civil trata de esclarecer desde hace meses.

Se trata del mismo empresario que cuenta con un matadero en el barrio de Pinilla, inactivo desde hace años, registrado también el miércoles pasado, cuando el Seprona acudió al Mercado de Abastos para tratar de localizar los puntos de venta en los que podría comercializarse carne sacrificada ilegalmente, alguna partida procedente de la caza.

Precisamente, un vehículo del Seprona se apostaba en las inmediaciones de esas instalaciones hacia las siete de la mañana del miércoles, cuando se produjo la operación policial, ante la posibilidad de que sus propietarios pudieran extraer, con destino al Mercado, productos de esa sala de despiece. Los agentes parece que no hallaron ninguna prueba contra el propietario, A.P., tal y como él mismo indicaba el jueves a este diario.

Por el momento, la investigación, que «no está cerrada», según confirmaba ayer la subdelegada del Gobierno, Pilar de la Higuera, ha conllevado la clausura del negocio de otro histórico del tradicional centro comercial, cuyo titular responde a las iniciales de M.C., imputado junto a otros familiares en un delito contra la salud pública «por la venta de carne ilegal o porque no ha pasado los controles sanitarios», de acuerdo con la información que facilitó la Guardia Civil el jueves.

Este empresario disponía de un matadero ilegal en su propio domicilio, indicó la Comandancia de Zamora, en el que los agentes del Seprona se incautaron de unas 300 piezas de carne, en su mayoría procedentes de la caza, como liebres y conejos de monte, además de alguna canal de cordero, de acuerdo con las fotografías difundidas por la Guardia Civil.

Otro delito sobre el que se siguen pesquisas policiales se refiere a la falsificación de documentos, en este caso relacionada con el uso ilegal de sellos de mataderos para simular el control sanitario de la carne que se ponía a la venta. En ambos delitos hay «imputadas varias personas», según la parca nota oficial difundida por la Comandancia de la Guardia Civil. Pilar de la Higuera hacía ayer especial hincapié en que «el Estado es garante de que todos los sistemas de protección de los derechos de los consumidores están en marcha, además vela por su salud y le protege». La máxima representante del Gobierno central en Zamora, por tanto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, apuntaba que la intervención de la Guardia Civil del miércoles se inscribe en ese marco, mientras subrayaba que esta actuación se emprende porque se sospecha que los empresarios investigados «no cumplen con las inspecciones» que exige la Ley para desarrollar su actividad comercial.