Las organizaciones provinciales de PSOE, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia son partidarias de eliminar las diputaciones, especialmente la de Zamora, como medida de ahorro económico y por su inoperancia, mientras PP y Adeiza mantienen que son instituciones necesarias incluso para la pervivencia de la provincia. El debate, indican los responsables de los partidos que han dado su parecer sobre el particular, no es nuevo, y mucho antes de la idea lanzada por el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, se había abierto la crítica al funcionamiento de estas administraciones.

La portavoz del PP provincial, Clara San Damián calificaba de «aberración» la propuesta de Rubalcaba y de «auténtica aberración» y constataba que el propio candidato socialista está ya «reculando». El portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, explicó que el consejo de alcaldes que ha propuesto para las diputaciones el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ya existe como órgano asesor, por ejemplo en Zamora desde hace dos años, y duda que suponga ningún ahorro. Elevar el consejo de alcaldes, que existe como órgano asesor «a la dirección de la institución no reducirá el número de representantes políticos sino que lo aumentará, puesto estarán presentes todos los alcaldes y no la veintena de diputados provinciales. «De 1.037 a 8.116», ha cifrado. El dirigente «popular» dio la «bienvenida» a Rubalcaba al debate sobre la austeridad en estas administraciones, después de que el PSOE haya rechazado varias iniciativas parlamentarias en esta línea, y ha aceptado discutir sobre cómo evitar duplicidades y lograr más austeridad.

Mantener el puesto

UPyD recordó en un comunicado y un artículo de opinión de su coordinador territorial en Castilla y León, Félix Sánchez Montesinos, que en su programa de las pasadas elecciones, en 2008, ya pedía «la supresión de las diputaciones como necesaria medida de ahorro público», que se sumaría a la de reorganización del mapa municipal «para promover de forma urgente la fusión de municipios», medida que supondría hasta 16.000 millones de euros de ahorro. Critica las declaraciones de Maíllo a este diario: «puro electoralismo, puro partidismo y pura demagogia que no se corresponden con la realidad. Su única finalidad es mantener a toda costa su sillón». Las diputaciones «son órganos sustituibles en un modelo territorial construido desde principios de sensatez política y económica».

El secretario general socialista en Zamora, Carlos Hernández cree que «el debate sobre las diputaciones tiene en la provincia un recorrido muy corto», ya que es la de menor nivel de inversión y ejecución del presupuesto «de toda España. Para lo único que sirve es para que el presidente de la Diputación se haga fotos». Señala como en el discurso de investidura Maíllo aludió a todo tipo de competencias para justificar la existencia de la Diputación, excepto las dos principales: contribuir con los ayuntamientos a que tengan cubiertas sus necesidades básicas y el asesoramiento legal preceptivo. Con respecto a la primera señaló que se «desatienden los servicios esenciales de los ayuntamientos», las únicas obras que se hacen son «gracias al Gobierno de España» y como quedó de manifiesto con los Planes E, la gestión directa de las mismas por parte de los pueblos es mucho más eficaz y en plazo que cuando las acomete la diputación, que «no lo hace jamás».

Por no hablar lo que se gasta en protocolo o la financiación con dinero público de otras iniciativas «como un barco de regatas de Alimentos de Zamora, marca que no existe, mientras algunos pueblos siguen sin agua potable».

A su juicio con la eliminación de las diputaciones «desaparecería una forma de hacer política utilizada por la derecha para mantener su hegemonía, y subvencionar con el dinero de todos a los ayuntamientos del PP, con manifiesta desatención a los pueblos de otras opciones. Una forma de hacer política caciquil del siglo XIX».

Menos ingresos e inversión

Para Francisco Molina, diputado de IU, la Diputación tendría también que desaparecer. En primer lugar porque «es una de las tres de España que peor tiene a sus pueblos, por eso recibió tres millones, junto con Soria y Teruel». Según el análisis económico realizado por el diputado, los ingresos de la Diputación no han hecho más que bajar desde los últimos cuatro años, hasta los 53,9 millones , mientras la deuda sube, hasta los 51,9. El gasto y la inversión por habitante cada vez son menores. La conclusión de Molina es que las diputaciones «tendrían que desaparecer aunque no haya crisis» ya que 40 euros de cada cien de inversión de otras administraciones «se pierden por el camino» y se ahorrarían 1,2 millones en gasto político.

Desde Adeiza su líder, Miguel Ángel Mateos no cree justificado suprimir las diputaciones sólo por el ahorro económico, ya que sólo suspendiendo los colaboradores que tiene el presidente del Gobierno «se podría ahorrar la mitad de lo que cuestan las diputaciones» o por ejemplo, clausurando el Senado. Es más partidario de «adelgazar» las autonomías sobre todo en las competencias duplicadas. Habría que hacer reestructuraciones de pueblos, mancomunidades y agrupaciones, pero la Diputación es fundamental para atender a los municipios, ya que la Junta desde Valladolid no lo va a hacer. A su juicio, eliminar la Diputación supondría la desaparición de la provincia.