06 de agosto de 2011
06.08.2011

La antigua cárcel incorpora seguridad privada para evitar nuevas ocupaciones

La sociedad anónima que gestiona la prisión reacciona a la repercusión social de la iniciativa de varios jóvenes con la contratación de guardias

06.08.2011 | 02:57
Un guardia de seguridad vigila los accesos a la antigua Prisión Provincial desde una de las garitas.

Se acabó lo que se daba. Al menos de momento. La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) -órgano privado que custodia y gestiona las prisiones clausuradas en España- ha decidido recurrir a la seguridad privada para blindar los accesos a la antigua cárcel provincial. La postura viene como reacción a la iniciativa de un grupo de jóvenes que, durante un par de meses, utilizó las instalaciones como centro de ocio, hecho que ha alcanzado una enorme repercusión social desde que trascendió a la opinión pública.


La decisión del SIEP zanja la ambigüedad que ha caracterizado a la seguridad en la antigua prisión. Pese a tratarse de un edificio cerrado, las personas que han optado por acceder apenas han encontrado oposición. Verjas rotas y puertas sin cerradura permitieron a este grupo de jóvenes entrar y salir sin problemas durante el periodo que duró la ocupación. En paralelo a esta iniciativa de tipo pacífico, otros ciudadanos se valieron de la permeabilidad del recinto para ingresar en él y acelerar su deterioro con constantes pintadas, destrozos o robos de material que cesarán con esta medida.


Actualmente, la simple observación de las antiguas torres de vigilancia de la prisión muestran la presencia de guardias privados de seguridad en plena tarea de custodia de las instalaciones. La Subdelegación del Gobierno ha reconocido que la repercusión social obtenida por la treintena de jóvenes zamoranos que la utilizaron con fines lúdicos ha desencadenado la reacción de esta sociedad de carácter privado, que es la encargada de la gestión y el uso de los centros penitenciarios desafectados de sus fines penitenciarios. La titularidad del inmueble, no obstante, descansa en Patrimonio del Estado, órgano integrado en el Ministerio de Economía y Hacienda.


El recurso a la seguridad privada cierra los interrogantes sobre las repetidas entradas y viene a justificar la postura de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, que siempre defendió carecer de competencias para opinar o decidir acerca del uso y del futuro empleo de la antigua prisión provincial, cerrada en noviembre de 1995. Sobre la iniciativa de los jóvenes para convertir una parte del inmueble en centro creativo y de ocio, Pilar de la Higuera apunta que «en ningún caso solicitaron una reunión por escrito», si bien apunta que «nada les hubiéramos podido decir más que remitirles a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, que es la responsable».


Asimismo, De la Higuera matiza que «tampoco las instituciones que se pronunciaron públicamente sobre el futuro de la cárcel han formalizado solicitud alguna», en referencia al Ayuntamiento de la capital, que se mostró favorable al empleo ciudadano de la infraestructura. Por último, la subdelegada del Gobierno en Zamora ha querido desautorizar el tópico de la falta de uso del centro penitenciario, ya que «hasta el año pasado el propio Ayuntamiento desarrolló en una parte de las instalaciones un taller de empleo».

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