Responsables del sindicato agrario Asaja se enfrentan a penas de entre dos y tres años de prisión por desviar 432.000 euros recibidos del Estado con destino a la formación de sus socios para otras obligaciones contraídas por la asociación. El Abogado del Estado exige tres años de prisión para los acusados, mientras que la Fiscalía Provincial deja esta pena en dos años de reclusión. Ambos solicitan la devolución de la cuantía con los intereses correspondientes, según ha podido saber este diario de fuentes próximas a la investigación.

El fraude ocurrió hace varios años, después de que el departamento de Recaudación de la Tesorería del Estado solicitara la justificación del gasto de la cuantía entregada por el Gobierno central al sindicato y desde la organización no se pudieran aportar las facturas relativas a la actividad formativa. Al parecer, finalmente presentaron otras por conceptos que nada tenían que ver con la realización de cursos.

Además de las penas de prisión señaladas, la Ley de Delitos contra la Hacienda Pública establece que quien ha cometido tal infracción se verá privado de «la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años», lo que, en caso de condena, supondrá, con toda probabilidad, un importante golpe a la economía del sindicato, especialmente en un momento de crisis económica como el actual.

Desde Asaja se argumenta, al parecer, que no hubo ninguna intención de defraudar al Estado, como demostraría el hecho de que las ayudas recibidas no sirvieron para el lucro de nadie, ni ningún integrante de la organización se ha llevado personalmente un euro. «No ha habido ni apropiación indebida ni estafa», justifican las fuentes consultadas por este diario para restar gravedad al comportamiento del sindicato. Todos los gastos están justificados, explican, aunque desde la organización se admitiría que «no lo hicieron en el modo ni el momento adecuado».

La investigación abierta en Recaudación pasó al Abogado del Estado en cuanto se detectó la ilegalidad por el desvío de las ayudas, lo que supuso el inmediato traslado del expediente a la Fiscalía Provincial cuando se fiscalizaron las subvenciones estatales y se comprobó que Asaja había infringido la normativa vigente. La Ley de Delitos contra la Hacienda Pública establece que «el que, en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos de las Administraciones públicas cuyo importe supere los 120.000 euros, incumpla las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines» para los que se concedió «será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años».