Los inspectores del servicio territorial de Sanidad realizaron 103 inspecciones en los establecimientos hosteleros de la provincia durante el primer trimestre del año que han dado lugar a la apertura de siete expedientes y a la imposición de otras tantas sanciones por incumplimiento de la Ley del Tabaco, que prohibe fumar en el interior de cualquier espacio público desde el pasado 2 de enero.
La cifra de multas sitúa a la provincia en tercera posición de la región, sólo por debajo de Valladolid y Segovia, con once y nueve sanciones en cada caso. Por el contrario, cuatro provincias no han registrado ninguna infracción: León, Burgos, Soria y Ávila. En Salamanca sólo se interpuso una y en Palencia cinco.
En total, los inspectores han cursado un total de 3.587 visitas en el conjunto de la región, que han generado 121 expedientes y a la incoación de 33 sanciones a lo largo de este primer trimestre, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad y recogidos por la Agencia Ical.
Las actuaciones inspectoras de la Junta en relación con el tabaco se realizan desde una doble motivación: por un lado, dar respuesta a las denuncias presentadas ante los correspondientes órganos competentes; y por otro, desarrollar el plan de inspección y control que la Dirección General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación y la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de Castilla y León pusieron en su momento en marcha conjuntamente. Dicho plan supone que los distintos servicios territoriales, a través de los inspectores de Sanidad, cumplen con un número mensualmente previsto de visitas a establecimientos de distinta índole, durante las cuales se comprueba el cumplimiento de la legislación vigente.
En ambos casos, los inspectores de la Junta realizan el acta oportuna, en la que se informa de las posibles deficiencias y, en su caso, puede dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador que, dependiendo de los aspectos incumplidos, originará sanciones leves, graves y muy graves, cuya órgano sancionador y cuantía está estipulado por la normativa vigente, que deja abierta la posibilidad de recurso.
