04 de marzo de 2011
04.03.2011
Los hechos

Juzgado por falsear nóminas de sus empleados con discapacidad

El responsable de una empresa se enfrenta a 15 meses de cárcel, aunque su abogado pide la libre absolución

04.03.2011 | 01:00
Sede de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta en Zamora.

C. G.


El responsable del centro especial de empleo Prodisza, M.A.Z.C., se enfrenta a la petición fiscal de un año y tres meses de cárcel por un presunto delito continuado de falsedad en documento privado, al suplantar la firma de los empleados en cuatro nóminas que todavía no habían sido cobradas, aunque sí lo fueron posteriormente, con el fin de justificar y poder cobrar una subvención de la Administración.

En la vista celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal de Zamora el acusado reconoció haber puesto los «borrotazos» en dos nóminas de los meses de abril y mayo de 2007, a los solos efectos de poder justificar la subvención. Explicó que la Administración le debía a él en ese momento en torno a 110.000 euros de subvenciones, al tratarse de una empresa que daba trabajo a en torno a quince discapacitados.

En el transcurso del juicio declaró el funcionario que descubrió la falsificación de firmas en las nóminas, un profesional que mantenía una relación correcta con el administrador de la empresa, según reconoció éste, aunque con fama de bastante quisquilloso. El funcionario relató cómo el pago de las subvenciones para afrontar las nóminas requería que la empresa hubiera pagado a sus trabajadores y justificara el abono presentando la nómina y el ingreso de los seguros sociales. Cuando la empresa, que ya había tenido algunas llamadas de atención por parte de la Administración, presentó las nóminas, el funcionario pudo apreciar que algunas estaban repetidas, es decir, correspondían al mismo mes, pero tenían firmas diferentes. Posteriormente los trabajadores corroboraron que ellos no habían firmado esas nóminas. «No tiene sentido que una institución pública pague unas ayudas para abonar unas nóminas que no se han ingresado a los trabajadores», indicó el funcionario, quien precisó que su actuación se limitó a formalizar el expediente, mientras las decisiones ejecutivas las tomó el jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.

Al empresario se le impuso una sanción de 6.009 euros y también se le retiraron las subvenciones por contratación indefinida de empleados con discapacidad.

La fiscal entiende que queda acreditada la falsificación de firmas y el «ánimo falsario» de la acción, una conducta delictiva con el fin de poder cobrar la subvención de la Administración, perjudicando a terceros, la propia Junta de Castilla y León y los trabajadores que no habían cobrado.

La defensa por su parte, pidió la libre absolución de su patrocinado, al entender que la falsificación de firmas tuvo como único objeto solventar un trámite administrativo -ante la misma institución, por cierto, que se estaba retrasando con los pagos de las subvenciones- y no dejar sin pagar a los trabajadores, que de hecho, recibieron sus nóminas al mes siguiente. Fueron estos problemas económicos, normales en muchas empresas, los que provocaron la actuación que ni tenía ánimo falsificador ni de perjudicar a nadie, como de hecho sucedió. Entiende que esa conducta ya mereció sanciones administrativas y no tiene relevancia para un reproche penal.


Abril-mayo de 2007

Los inspectores de Trabajo de la Junta de Castilla y León descubren que algunas nóminas de los trabajadores de una empresa que funcionaba como centro especial de empleo para personas con discapacidad aparecían con las firmas modificadas. La fiscal cree que se falsificaron cuatro firmas, mientras el responsable de la empresa sólo reconoce dos «borrotazos».

Falsificación

Parece claro que existió una falsificación de firmas, si bien fiscal y defensa discreparon sobre el alcance de la misma, y sobre todo, sobre la existencia de delito.

Fiscal

Para la fiscal existió un evidente delito continuado de falsificación de documento privado y por eso pide para el acusado un año y tres meses de cárcel. Cree que tenía ánimo de falsear con el fin de justificar una subvención a la que, en caso de no haber tenido las nóminas, no le hubiera correspondido.

Defensa

La defensa pidió la libre absolución porque su defendido ya tuvo la oportuna sanción económica de Trabajo, y la falsificación no tuvo un fin de perjudicar a nadie. Entiende que los hechos no deben ser castigados penalmente.

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