Primero fue la conocida como Ley Ómnibus y luego la proyectada ley de servicios profesionales. Son modificaciones legislativas que afectan notablemente a la mayoría de los colegios profesionales y que tendrán su incidencia entre los ciudadanos. Se establece, por ejemplo, la eliminación de los visados en numerosos proyectos, aunque no afecta a los arquitectos. Cuando un profesional hacía un proyecto lo tenía que visar el colegio correspondiente, que se aseguraba que el firmante estuviera colegiado -es decir, tenía la titulación correspondiente-, que tenía un seguro y que el diseño era correcto. Ahora, explica Pedro San Martín, presidente provincial y regional y vicepresidente nacional del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, ya se ha eliminado el visado, aunque según sus cálculos no supondrá demasiado ahorro para el ciudadano. «Podemos estar hablando de que en un proyecto de diez mil euros se podían cobrar 50». A su juicio, este ahorro no compensa la pérdida de seguridad que supone la eliminación del visado: «¿Cómo se comprueba ahora que el firmante de un proyecto tiene la cualificación necesaria?».

A su juicio, en determinados sectores la rebaja de tarifas de los proyectos ha venido más determinada por la crisis y la necesidad de trabajo de los profesionales que por las medidas legislativas.

Pero es que además, explica, se va a ir más allá y con la ley de servicios profesionales las actuales 192 profesiones con reserva de actividad se van a quedar en 50. En el caso de las ingenierías, por ejemplo, un puente sólo lo podía hacer un ingeniero de caminos, o una línea eléctrica un ingeniero industrial. Ahora «va a haber una liberalización a lo bestia» y todos los ingenieros podrán firmar proyectos de todo tipo.

Cierto es que hay algunas excepciones, como por ejemplo ingenieros de minas en el manejo de explosivos o los arquitectos, que mantendrán su estatus actual.

El Gobierno entiende que la actual regulación segmenta artificialmente el mercado y frena la capacidad de atender las necesidades de la economía. Además no es infrecuente la conflictividad entre los distintos colegios por hacerse con atribuciones propias, lo que llega incluso a paralizar algunos proyectos. Crear puestos de trabajo es otra de las ideas de la nueva regulación, si bien los expertos no creen que por este sistema se vaya a incrementar de forma apreciable la ocupación.

Mientras la conocida como Ley Ómnibus venía impuesta por la adaptación al resto de Europa, la ley de servicios profesionales pretende reducir las barreras de entrada a determinadas actividades y eliminar la obligatoriedad de colegiación de muchas disciplinas que ahora la tienen, porque cree que son regulaciones que «generan distorsiones» y entorpecen la necesaria dinamización de estos sectores. De hecho, según los planes gubernamentales en la mayoría de los casos desaparecerá la colegiación obligatoria y pasará a ser voluntaria, incluidos para los que trabajen en el sector público.

Médicos y abogados son las únicas profesiones en las que, de acuerdo al actual proyecto, se mantendrá la colegiación obligatoria. La senadora popular por Zamora Elvira Velasco es una de las defensoras de la colegiación obligatoria, no sólo para los médicos, sino para «todas las profesiones sanitarias» y de hecho, presentará una proposición no de ley en este sentido. Entiende que la colegiación «es una garantía de la calidad de los servicios» y además «no supone ninguna carga económica ni para los usuarios y para el país». Lo mismo sucedería con los abogados y profesiones jurídicas, en las cuales la colegiación obligatoria se considera una garantía de las buenas prácticas profesionales.

Velasco pone el ejemplo, en defensa de sus tesis, los casos que suelen aparecer de vez en cuando de profesionales sanitarios que ejercen sin tener la titulación, lo que supone un serio riesgo para los ciudadanos, circunstancia que podría multiplicarse si se elimina el control de los colegios.

Alerta, asimismo, de la necesidad de pensar bien las cosas, antes de cometer «barbaridades legislativas» como la que se ha hecho con los psicólogos, al admitir sólo a profesionales que tengan la titulación clínica sin dar posibilidad a los que ya están ejerciendo de homologar su titulación, lo que producirá un vacío de profesionales.

«Las profesiones sanitarias deben tener una garantía de calidad en los servicios»

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Senadora por Zamora (PP)

«¿Cómo se comprueba ahora que el firmante de un proyecto tiene la cualificación?»

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Pte. Colegio I.T. Industriales