Los secretarios generales de UGT y CC OO en Castilla y León visitaron ayer la capital para instar a los trabajadores de la provincia a ejercer su derecho a huelga y «cerrar Zamora» el próximo 29 de septiembre. Para ello, los responsables regionales de los sindicatos mayoritarios anuncian la presencia numerosa de piquetes «para garantizar el ejercicio libre de la huelga frente a las coacciones y presiones de los empresarios para no secundar el paro», según denunció el secretario regional de UGT, Agustín Prieto.

Respecto a los servicios mínimos acordados por la Junta de Castilla y León, del 22,6%, los sindicatos regionales anuncian medidas legales, tanto por la vía civil como por la penal, al considerarlos «abusivos» y apreciar un posible caso de «prevaricación». En este sentido, Prieto invitó a la administración autonómica a tomar ejemplo del consenso conseguido a la hora de pactar los servicios mínimos de las instituciones que dependen del Gobierno central.

Sobre las razones para secundar la huelga, el responsable ugetista aseguró que «en anteriores convocatorias no existían ni un 20% de los motivos que tenemos ahora porque los recortes de derechos son tan brutales que deben tener una respuesta contundente en la calle». También aseguró que lejos de crear empleo, la reforma laboral «ha seguido precarizando el mercado laboral con la reducción de salarios públicos, de las pensiones y con la ampliación del periodo de cotización de la jubilación».

Por su lado, el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Ángel Hernández, aseguró que el único objetivo de la reforma laboral es «hacer pagar la crisis a los trabajadores». Además considera que pone en la diana a los empleados más veteranos de las empresas, a los que antes habría que pagarles 45 días de indemnización por despido y «ahora se les puede sacar de las empresas con 20 días de indemnización».

Hernández también asegura que la reestructuración de la negociación colectiva que incorpora la reforma supondrá la falta de aplicación de los convenios sectoriales de ámbito nacional, con lo que «se traslada la negociación a cada una de las empresas».

En cuanto al sistema de pensiones, Hernández criticó la intención de «meter mano a las pensiones haciendo más duro el acceso y alargando la edad» y advirtió que los jubilados pasarán de percibir de un 80 a un 60% de su última nómina. Sobre las presiones recibidas por los trabajadores detalló que los empresarios las encubren en sutiles preguntas como «¿qué vas a hacer el día 29 u ojo con lo que haces». También aprovechó la ocasión para dejar la puerta abierta a próximas convocatorias de huelgas.