Hace nueve meses que no ve a sus hijos. Y tres años y medio que comenzó su lucha para recuperar la patria potestad de sus niños de nueve, siete y tres años, entregados a una familia de la provincia en acogida. Ni sus cartas ante el Procurador del Común, ni sus múltiples gestiones ante la Junta de Castilla y León han podido convencer a los técnicos de Menores sobre la capacidad de Elisabeth Bras, de 24 años, para cuidar y alimentar a los pequeños. Aunque su principal objetivo es tener a sus hijos bajo el mismo techo, ser una familia, la meta inmediata es «poder verles» en el punto de encuentro, como venía permitiéndosele. «Me dicen que no es conveniente para los niños porque impide que se adapten a su nueva familia. ¿Cómo se van a adaptar si lo que quieren es estar conmigo? Cuando iba a verles, querían volver conmigo. A la pequeña me la tenían que arrancar del cuello porque se agarraba y no se soltaba de mí», agrega esta jovencísima madre.
Elisabeth no alcanza a comprender por qué la Junta le ha apartado de sus pequeños, lo que considera una «injusticia, a veces pienso que se han obcecado conmigo», indica mientras niega que los menores hayan vivido en «situación de desamparo», como indican los informes de la Junta. A éstos contrapone los emitidos por el colegio, la guardería y el pediatra de sus hijos, en los que se indica que «están cuidados, nutridos, que son educados...».
Y cuando sus medios económicos no le permitían ofrecerles todas las comodidades necesarias, sus padres se hicieron cargo de los dos mayores (la pequeña no había nacido), que con seis y cuatro años pasaban largas temporadas con los abuelos, a quienes Elisabeth cedió la guarda y custodia. Así fue hasta que una discusión entre el matrimonio decidió a la Junta a derivar a los niños al centro de acogida del Tránsito, al estimar que se encontraban «en desamparo».
La enfermedad psiquiátrica que sufre su madre, que sigue un tratamiento desde hace veinte años y está controlada por un especialista, jugó a favor de la determinación de los técnicos de la Junta. La joven lamenta que no se tuviera en cuenta el informe elaborado por la médico de su madre, en el que afirmaba que la mujer está capacitada para atender a sus nietos y «recomendaba» que los niños estuvieran con sus abuelos en los que «encontrarían el apoyo familiar».
Para entonces, la joven estaba embarazada de su tercer hija, nacida de una relación que había iniciado hacía poco. Estaba rehaciendo su vida sentimental tras haber sido víctima de maltrato de su anterior pareja. A los pocos meses de nacer la pequeña, se repite la orden de la Junta de separar a la menor de sus padres, también por desamparo. «Me llaman un día para que me presente en Menores y me dicen que tengo que entregar la niña al día siguiente y yo me niego. Mandaron a la policía para llevársela por la fuerza». Hace dos años y medio que le quitaron la guarda y custodia. En esa ocasión, en la que tuvo que recibir tratamiento psicológico para sobrellevar la angustia y la ansiedad de verse sin sus hijos, la explicación recibida fue que «dejo a la niña con mi madre por las noches. Sí, porque estoy sacándome el graduado escolar en el Centro de Adultos de siete de la tarde a once de la noche para poder encontrar un trabajo». Un trabajo que buscaba incesantemente para poder conseguir que le devolvieran a sus otros dos hijos, a los que sólo podía visitar, y tener con ella fines de semana y vacaciones. Si no lograba ingresos suficientes para alquilar un piso «con tres dormitorios para mis hijos, que no creo que todas las familias tengan una habitación para cada uno», no podría reencontrarse con ellos. Esa es una de las múltiples condiciones, «metas» dice Elisabeth, que le van poniendo los Servicios Sociales para convivir con sus vástagos.
Precisamente, la Junta se «basa en que no tiene recursos para mantenerles» a la hora de quitarle la patria potestad, indica su abogado Raúl Alonso, quien está ayudando a la joven a recorrer este duro camino para volver con sus pequeños. Ahora está pendiente de que le entreguen un kiosco y confía en que con ese negocio su vida cambie y la Junta reconsidere su caso. «Mis padres y yo hemos intentado hablar muchas veces con el gerente de Asuntos Sociales, para saber quién ha hecho los informes para que me quitaran a mis hijos, pero no lo hemos conseguido».
No comprende por qué si la Ley es tan estricta para retirar la patria potestad a una madre, en su caso ha sido tan fácil separarla de ellos. «Conozco familias que están en peor situación que la mía, que los padres beben o se drogan y ahí están con sus niños», replica Elisabeth.
«Todos podemos tener fallos, pero no por el hecho de tener más dinero les vas a cuidar mejor. ¿Qué tiene que ver que no tengas trabajo para ser una buena madre: Mis hijos nunca estuvieron descuidados conmigo. De hecho, ellos hasta el último día en el que los visité en el punto de encuentro querían venir conmigo para casa».
Tanto ella como su abogado insisten en que «no ha sucedido nada que justifique la retirada de la patria potestad», agrega el abogado, que afirma no comprender «por qué cada vez le pedían más requisitos para devolverle a los niños». Todo empezó cuando, tras denunciar por maltrato a su pareja, solicitó la ayuda económica para poder sobrevivir. «A partir de ahí, todo fueron problemas con Menores, comenzaron a ponerme condiciones para estar con mis niños». Confía en que cuando estabilice su vida laboral pueda reclamarlos y reconstruir su familia.
