Zamora y Melilla fueron las dos únicas provincias españolas que durante el mes de agosto no recibieron ayudas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para completar los pagos de empresas insolventes o que cerraron sus puertas.

Entre enero y agosto de 2010, este órgano dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, destinó 79.396,14 euros menos para este fin que en el mismo período del año pasado. Por el contrario, ha aumentado el número de expedientes, ya que en los ocho primeros meses de 2009 hubo 175, mientras que sólo de enero a julio de este año se tramitaron 183. La principal causa que obligó a intervenir al Ministerio fue la insolvencia (tanto provisional como definitiva). Las órdenes de pago se realizaron por concurso.

Fogasa se encarga de abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso de acreedores. La cantidad máxima a abonar es la que resulta de multiplicar el triple del Salario Mínimo Interprofesional diario, con prorrateo de pagas extraordinarias, por el número de días pendientes de pago, con un máximo de 150. No pueden recurrir al Fogasa empleadas de hogar, ni socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.

La reforma laboral limitará los días de indemnización que debe abonar el Fogasa, que se quedarán en ocho días por despido, con el fin de rebajar los costes del empresario. El trabajador, por su parte, deberá haber estado en la empresa, como mínimo, un año y su despido deberá estar justificado.